En México, al menos un millón de personas, de distintas edades, no tienen registro de nacimiento y sólo el 45 % de los infantes es registrado en los primeros dos meses de vida.
La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado de la República una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de derecho a la identidad.
El propósito es armonizar la legislación civil con la Constitución y los tratados internacionales, estableciendo que las autoridades competentes expidan gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Asimismo, plantea prohibir expresamente el cobro de cualquier multa o cuota para la emisión del documento, conforme lo establece la Carta Magna y la declaración inconstitucional del cobro de cuotas y multas para realizar el trámite que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Es sumamente preocupante, no solo porque priva rotundamente a miles de niñas y niños de oportunidades y servicios necesarios para su bienestar; sino porque también va en contra de los principios de gratuidad y universalidad que rigen el proceso de expedición del acta de nacimiento”, señaló la Senadora por Puebla.
De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030:
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se plantea como una de sus metas más relevantes el lograr proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos y todas, en particular mediante el registro de nacimientos.
De la Sierra Arámburo comentó que “un niño o niña que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento, no tiene identidad legal. Esto frena sus posibilidades de ejercer otras garantías y derechos como la protección, la salud, la educación, impidiendo su inclusión en la vida económica, política y cultural del país. El no tener un registro y un acta de nacimientoes inevitablemente un factor de exclusión y discriminación”.
Destacó que el plazo de 60 días para la inscripción de los nacimientos de niñas y niños no significa la conclusión de un periodo para hacer viable el cobro de multas, sino por el contrario, es una pauta normativa para que el Estado mexicano fortalezca sus estrategias y políticas públicas para cumplir con el principio de oportunidad, de acuerdo con lo señalado por elFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La iniciativa puede consultarse en la Gaceta del Senado de la República La iniciativa puede consultarse en la Gaceta del Senado de la República a través del siguiente enlace:
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