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5 de julio de 2020

11 años de terror en Guanajuato: el gobernador dice que no pasa nada




José Luis Camacho Acevedo


Guanajuato vive desde hace 11 años una “normalidad” violenta. En 2018, la entidad cerró con 3 mil 290 homicidios dolosos, lo que significó un aumento del 131% en comparación con el año previo, según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Y de ahí, el número no ha hecho más que escalar: 3 mil 540 casos en el 2019, y este año, de enero a junio, van 2 mil 428 víctimas.

Cada semana la noticia es la misma, ataques, atentados, quema de vehículos, bloqueos y retenes en las carreteras.

Actualmente Guanajuato vive la peor oleada de violencia de su historia, tan sólo junio fue uno de los más violentos con un total de 339 homicidios dolosos.

El 80% de los homicidios, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal, están directamente relacionados con el crimen organizado y en concreto con la disputa entre cárteles rivales.

Estos son: el Cártel Jalisco Nueva Generación que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yépez ‘El Marro’.

Apenas este sábado se registraron ataques simultáneos a dos domicilios en Celaya que operaban como talleres de motocicletas, a los cuales posteriormente se les prendió fuego.

Casi a la misma hora se suscitó otro ataque a balazos en un domicilio también habilitado como taller en la colonia Villas del Romeral, en la calle Villa del Carbón.

El viernes por la mañana fueron asesinados cinco policías estatales en el municipio de Apaseo el Alto, apenas dos días después del ataque a un centro de rehabilitación en Irapuato que dejó al menos 27 muertos, la mayoría jóvenes.

Sin embargo, durante su comparecencia ante los diputados locales para rendir su informe de resultados correspondiente al 2019, el fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa, aseguró que no renunciará: “porque sería defraudar al Poder Legislativo y porque represento a una institución”.

Y por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez prefiere mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuración de justicia y a Álvar Cabeza de Vaca como jefe de la policía, lo cual conlleva un alto costo para su estado y para el resto del país. Con la violencia en niveles inauditos, el mandatario estatal prefiere enfrentarse con el gobierno federal y encajar las críticas de sus ciudadanos con tal de no tocar a los poderosos funcionarios transexenales.


EN TIEMPO REAL


1.- Continúa la guerra sucia contra el gobernador de Baja California Jaime Bonilla.
Ahora por parte de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra quien denunció
una supuesta actitud amenazante y hostigadora por parte del mandatario. Sin
embargo, se sabe que Adams Pereyra es financiada por el mafioso del excandidato a la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon y apoyada en el PRI nacional por José Murat.

¿Estará enterado de todo esto Alejandro Moreno ‘Alito?



2.- Como siempre muy acertada la opinión del Dr. Ernesto Villanueva sobre las reformas legales en derechos de autor y propiedad industrial en Internet que han causado inquietud por eventual censura, en su columna de esta semana en Proceso.

“En el marco de las reformas legales recién aprobadas en el Congreso de la Unión -para armonizar el sistema legal con los de Estados Unidos y Canadá por la entrada en vigor del nuevo tratado de Libre Comercio-, han surgido inquietudes por los cambios en materia de patentes, marcas y derechos de autor en las plataformas digitales. Hay quienes afirman que esas reformas generan censura y limitan el derecho a la información. Veamos las cosas en su justa dimensión para valorar el impacto real de esas modificaciones legales”, escribe Villanueva.



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