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21 de febrero de 2019

INVESTIGAN A EX FUNCIONARIOS DE SEDATU RECOMENDADOS POR LASTIRI

Estafan en Sedatu con firmas falsas


Las firmas falsificadas de cinco funcionarios de Sedatu fueron usadas para el desvío de más de $600 millones en convenios con universidades.

La falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Sedatu habrían permitido desviar en 2016 unos 600 millones de pesos en convenios con universidades, como parte de la Estafa Maestra.

Las firmas falsificadas corresponden a José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos y a Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo "Francisco I Madero" por 187 millones de pesos.

De igual forma a Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, cuya rúbrica falsificada se estampó el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la Universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos.

Otros dos funcionarios con firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco y Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones, en convenios con una Universidad de Quintana Roo por montos no especificados.

Los casos de González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la PGR (hoy Fiscalía) achacándoles responsabilidad en desvíos.

González Tiburcio había denunciado en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente lo hizo ante PGR.

Sin embargo, fue imputado por la Procuraduría por falsedad en declaraciones y el 29 de enero un Juez lo procesó por dicho delito.

González Tiburcio ha sostenido con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio marco no es suya, por tanto no es responsable de desvíos y ha apelado la decisión judicial.

Armando Saldaña, quien también había sido imputado por la PGR en desvíos, demostró que su firma era apócrifa.

Incluso según la Auditoría 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la ASF, se afirma que Saldaña "no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó () el pago de recursos a favor" de esa entidad.

REFORMA pudo conocer que uno de los centros de operación para las falsificaciones está ubicado en Tennyson 125, casa que desde hace más de una década utiliza Emilio Zebadúa para actividades políticas y financieras.

Zebadúa fue Oficial Mayor de Sedesol y la Sedatu bajo las órdenes de la Secretaria Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada Estafa Maestra.



Hallan a Sedatu mal uso de 2 mmdp

ASF detectó irregularidades por 2 mil 41 mdp cometidas en la Sedatu durante ejercicio presupuestal 2017, el penúltimo de gestión de Robles.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 2 mil 41 millones de pesos cometidas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el ejercicio presupuestal 2017.

Entre las anomalías está el uso de mil 173.3 millones de pesos ejercidos en ese año, el penúltimo de la Administración de Rosario Robles, que en realidad pertenecían a 2016 y cuyo gasto no fue debidamente acreditado.

"La Sedatu pagó erogaciones que no tenían cobertura presupuestal autorizada por mil 173 millones 317.4 miles de pesos; además, se constató que los recursos ejercidos mediante CLC (Cuentas por Liquidar Certificadas), no se encuentran debidamente acreditadas con la documentación










justificativa y comprobatoria correspondiente", indicó.

En su informe, la ASF señaló que la auditoría forense 414-DE la practicó luego de que la Dirección General de Auditoría Financiera Federal (DGAFF) "C", de la propia Auditoría, sospechara de un presunto desvío de recursos públicos federales del Programa de Infraestructura.

"El titular de la DGAFFC, hizo del conocimiento de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) de la ASF, de un presunto desvío de recursos públicos federales del Programa de Infraestructura (PI) por mil 807 millones 605.5 miles de pesos", dice el documento.

Sin embargo, al realizar la auditoría, la cual fue entregada ayer en la Cámara de Diputados como parte de la tercera etapa de resultados de la Cuenta Pública 2017, esta cifra se elevó en 233.9 millones de pesos.

"Existe una recurrencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en utilizar recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a capítulos y conceptos de gasto en fines distintos a los que estaban presupuestados", mencionó la ASF.

La Auditoría encontró que la Sedatu pagó 596.6 millones de pesos a distintos proveedores sin acreditar su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria y sin cumplir con las disposiciones normativas establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura.

"Dicho importe no fue reconocido por la UPAIS, Unidad Responsable del Programa, ni por la DGREP, Unidad Responsable de la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; así también en la asignación y ejercicio de los recursos públicos federales, no participaron las áreas responsables de llevar a cabo la planeación, operación, así como la verificación y seguimiento de las vertientes del Programa de Infraestructura", resaltó la ASF.

Otros 271.5 millones de pesos, que fueron ejercidos para indemnizaciones por expropiación de predios, del Programa de Mejoramiento de la Vivienda, Rescate de Espacios Públicos y Comunicación Social, no fueron debidamente acreditados.

"Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia", indicó la Auditoría.Reforma
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