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CUITLATLÁN.POR FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

IDOM, EMPRESA CONSENTIDA DE RMV, UNA DE LAS MÁS AFECTADAS POR LA CAÍDA DEL PROYECTO DE TEXCOCO

IDOM es una empresa española que fue de las consentidas por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que cobró unos 90 millones de pesos para elaborar 9 ordenamientos urbanos y ecológicos en la zona Audi, de los cuales nadie conoce los documentos finales. Ahora esta compañía es una de las principales afectadas por la cancelación del proyecto de Texcoco para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues logró tres contratos, uno de ellos por la intervención de Rosario Robles Berlanga, la polémica titular de la Sedatu y quien protagonizó algunos de los principales escándalos de corrupción del sexenio que está por concluir.

Los contratos logrados por IDOM eran para intervenir en la planeación de las zonas de privilegio alrededor del NAIM de Texcoco. Entre ellos, se encontraba los planes de convertir el actual Aeropuerto Benito Juárez en “un nuevo Santa Fe” –tal como lo denunció Andrés Manuel López Obrador la semana pasada–, consistente en elaborar los planes para construir plazas comerciales, parques y desarrollos inmobiliarios en los terrenos de la actual terminal aérea, una vez que se desocupara.

Dos de los tres contratos que tenía en puerta IDOM fueron pactados con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A para elaborar el anteproyecto de impacto urbano y el programa de vocación de mercado, que permitiría construir en las 600 hectáreas del aeropuerto Benito Juárez alrededor de 52 mil viviendas, para ser habitadas por unas 172 mil personas, y 182 hectáreas de espacios verdes, junto con áreas comerciales y de servicios.


El tercer contrato se lo había otorgado Sedatu, la secretaría que preside Rosario Robles Berlanga, para que diseñara la estrategia territorial del entorno inmediato del NAIM de Texcoco. Es decir, lo que se había llamado la aerotrópolis, que son los negocios inmobiliarios que se pretendían hacer alrededor del nuevo aeropuerto.

Las acusaciones de actos de corrupción en el NAIM se centraban en que, desde el año 1999, se compraron o se despojaron miles de hectáreas ejidales alrededor de la zona de construcción del aeropuerto, las cuales se volvieron un jugoso negocio de especulación inmobiliaria y para construir fraccionamientos, oficinas corporativas, plazas comerciales y áreas de servicios.

Todo indica que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de optar por el proyecto de Santa Lucia y desechar el de Texcoco, deja sin contratos a IDOM, que es una empresa que elabora proyectos arquitectónicos, de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos en países con una alta riqueza petrolera, principalmente en Medio Oriente.

Llegó de la mano de Roberto Moya
Para nadie es un secreto que entre Rosario Robles y el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas había una estrecha relación, pues la primera, junto con el priista Miguel Ángel Osorio Chong, tenían la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de proteger los intereses del ex mandatario poblano y darle todo el apoyo del gobierno federal.

Tal relación plantea una suspicacia: ¿al haber sido IDOM una empresa altamente consentida por el morenovallismo, fue por esa razón por la cual Rosario Robles la incorporó a los millonarios beneficios del fallido proyecto de NAIM de Texcoco? Por ahora es difícil contestar a esa pregunta.

La llegada de IDOM a Puebla ocurrió de esta manera:

Cuando surgió el proyecto de instalar la planta automotriz Audi en la región de San José Chiapa, el entonces gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas contrató a un importante grupo de urbanistas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), quienes elaboraron un conjunto de ordenamientos que proponían detonar el desarrollo regional con la llegada de la armadora.

Dicho encargo se cumplió y se habría pagado por el mismo algo así como 5 millones de pesos, pero al final el trabajo de planeación acabó siendo desechado por un capricho del entonces secretario de Finanzas y Administración, Roberto Moya Clemente.

El funcionario convenció a Rafael Moreno Valle Rosas de que era necesario contratar a una empresa de alto prestigio internacional para darle mayor promoción al proyecto de Audi y apantallar a los inversionistas europeos.

IDOM acabó cobrando 90 millones de pesos, por hacer lo mismo que ya habían hecho los académicos de la UAP por un precio muy inferior.

En el año 2014, IDOM firmó contratos con el gobierno del estado, el Banco Estatal de Tierras y la Secretaría de Finanzas y Administración para elaborar: el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico de la Zona Audi, el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial, el Plan Metropolitano, así como el Anteproyecto de la Nueva Ciudad –que después se llamaría Ciudad Modelo–, que incluía modelos de gestión, de negocios, de inversiones y de participación pública.

Las anomalías de IDOM no solamente se redujeron el excesivo costo de sus trabajos, sino a otros dos aspectos más graves:

Primero: la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla ordena que es necesario hacer consultas ciudadanas para laborar los proyectos de planeación antes mencionado. El caso es que nunca se tomó en cuenta la opinión de la gente y las autoridades de los municipios de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec, Nopalucan y Soltepec, en cuyos territorios se asienta la zona Audi.

Segundo: al final IDOM elaboró nueve ordenamientos para la zona Audi, los cuales se pagaron con fondos públicos y tendrían que ser conocidos públicamente. El caso, es que nadie conoce los documentos. Ni en los ayuntamientos de la región, ni en las propias oficinas del gobierno del estado.

Sin duda el ocultamiento se ha de deber a que se necesita esconder la corrupción y los abusos cometidos con esos proyectos.

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