Ya es una conducta genocida la del gobierno de RMV contra Chalchihuapan
Publicado por Fermín Alejandro García
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Mucho antes de los hechos trágicos del pasado 9 de julio –en los que perdió la vida un niño de 13 años y varias personas quedaron discapacitadas– el alcalde de San Bernardino Chalchihaupan, Javier Montes Bautista, solicitó en 5 ocasiones audiencia con Luis Maldonado Venegas, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), para abordar el conflicto del retiro del registro civil de las juntas auxiliares. La respuesta que siempre le dio la SGG fue el silencio, ya que ni siquiera le contestaron los oficios que presentó a esa dependencia.
Tal situación plantea que existe una obsesión, un odio particular del Poder Ejecutivo contra la pequeña y empobrecida comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, que en menos de dos años ha sufrido la muerte de un infante de 13 años –en manos de la Policía Estatal–, persecución y encarcelamiento de sus autoridades y líderes de la comunidad, represión y constantes intervenciones de las fuerzas de seguridad, que hace que la gente viva con miedo y que esté atenta a unas alarmas que se instalaron para avisar de la llegada de uniformados.
Este comportamiento del gobierno de Moreno Valle Rosas se inscribe ya en una actitud genocida. Y no es exageración.
El término genocidio nació en 1939 y lo acuñó el jurista Raphael Lemkin para describir la persecución del régimen nazi contra el pueblo judío. En su concepto general se le consideraba como el exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o políticos.
Ahora ese término ha cambiado y los juristas consideran que un genocidio es cuando una autoridad comete un crimen contra un grupo social por motivos políticos, religiosos, de raza o por discriminación social.
Y más reciente se ha considerado que una actitud genocida es cuando un gobierno hace uso excesivo de la fuerza contra un grupo social que se encuentra desarmado y cuando las agresiones se vuelven sistemáticas.
Eso es precisamente lo que el Poder Ejecutivo está haciendo en San Bernardino Chalchihuapan, pues lleva meses la persecución contra pobladores de esa comunidad, sin que existan conductas criminales de la población y sin que la administración morenovallista acceda a dialogar, negociar o por lo menos escuchar.
Todo empezó hace dos años, cuando brotó una noticia escandalosa de que había sido descubierto un narcolaboratorio en un rancho cercano a Chalchihuapan y fueron detenidas tres personas, entre ellas Pedro Montes García, quien es el padre de Javier Montes García, el actual edil y que el viernes fue detenido acusado de tentativa de homicidio.
Sin embargo, hay una serie de sospechas de que el tema del narcolaboratorio pudo ser un hecho inventado para generar una revancha política, ya que otro de los tres detenidos es Pascual Xelhua Montes, quien hace tres años contendió por la presidencia auxiliar de Chalchihuapan y perdió por tan solo dos votos contra el candidato contrario, quien es un militante de Antorcha Campesina.
El fondo del asunto es que Pedro Montes García –padre del edil– y Pascual Xelhua habían encabezado un movimiento para intentar frenar la depredación que se hace de los cerros de la zona, los cuales son explotados indiscriminadamente por miembros de Antorcha Campesina para la extracción de material pétreo .
A dos años de distancia, los tres detenidos no han recibido sentencia y su defensa ha presentado pruebas a su favor de que las fotos del supuesto narcolaboratorio no corresponden al rancho donde supuestamente se localizó, y que la hora en que fueron aprehendidos los acusados no coincide con la hora en que reportaron las autoridades.
Y lo más grave es que el tercer detenido, de nombre Calixto Montes García, no tenía ninguna relación con los otros dos acusados, solamente que tuvo la mala suerte de ir a casa de su mamá y en ese momento se hizo el operativo frente a dicho domicilio, por lo cual sin haber hecho algo también se lo llevó la Policía.
Ahora en este año, Javier Montes –hijo de Pedro Montes, quien está en la cárcel– se registró como candidato a presidente auxiliar y ganó la elección por únicamente una diferencia de seis votos. Antorcha Campesina le quiso negar el registro y luego impugnó la votación, pero nunca pudo evitar su triunfo.
El nuevo alcalde hizo algo extraordinario: emprendió una serie de actividades y fiestas públicas para unificar al pueblo, que estaba dividido entre antorchistas y anti–antorchistas. Y lo logró.
Al llegar al cargo, a los pocos días, cuando se presentó en la SGG a recoger su identificación como alcalde auxiliar, le comunicaron que le quitarían la documentación del registro civil. No hubo mayores explicaciones. El edil, al regresar al pueblo, hizo una asamblea pública y ahí le gente le ordenó no entregar los libros de ese servicio público.
Fue entonces cuando buscó hablar con Luis Maldonado u otros funcionarios de la SGG, pero éstos siempre se negaron.
Montes Bautista un día se reunió con el alcalde de Tlaxcalancingo y acordaron unirse para inconformarse juntos contra el retiro del registro civil. Luego, de manera voluntaria, se les adhirieron otros 15 presidentes de la zona de Cholula. Fue así que nació la Coordinadora de Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedic), que en cuestión de unas semanas agrupó a casi 300 ediles que están inconformes con el gobierno morenovallista.
La Cedic quiso dialogar con el gobierno del estado y Luis Maldonado jamás accedió.
Al final, Javier Montes Bautista hizo lo correcto: escuchar a sus gobernados, y eso ya le costó la cárcel, mientras que el resto de los habitantes de Chalchihuapan enfrenta un acoso como si fueran los peores criminales del estado. Eso es sufrir una conducta genocida de parte del Poder Ejecutivo. La Jornada de Oriente.
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