Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
Este año unos 2 mil autobuses de pasajeros urbanos deben salir de circulación por haber excedido los 10 años de vida y por un decreto del gobierno del estado se prohíbe a los propietarios cambiar sus vehículos por otros de menor costo. Sin embargo, eso no ha sido un problema, ya que en la Secretaría de Transportes (ST), que preside Bernardo Huerta Couttolenc, por un “cañonazo” de 50 mil pesos y una espera de tres meses, les permiten a los concesionarios reemplazar sus unidades por microbuses. Tal situación plantea un potencial negocio de unos 100 millones de pesos, que se ignora a manos de qué funcionarios de la ST puede ir a parar. Lo único que se sabe es que hay cuatro intermediarios, mejor llamados “coyotes”, quienes son el contacto para que los concesionarios puedan cambiar sus autobuses por un microbús o una camioneta. Se sabe que muchos dueños de esos camiones están accediendo a dicho soborno, pues significa su supervivencia, ya que la situación económica actual y el alza de costos en 35 por ciento en los últimos cuatros años, aunado a que está congelada la tarifa del pasaje desde 2010, no les permite disponer de un crédito de un millón 200 mil pesos como mínimo, que es lo que cuesta en promedio un autobús. Muchos dudan que ese dinero llegue a manos de Bernardo Huerta, quien es un cero a la izquierda en la ST, ya que es un secretario al que no le gusta hablar con los transportistas y prefiere delegar en sus subordinados la solución de los problemas que son de su ramo. El problema de fondo es que Bernardo Huerta en particular y en general el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se niegan a escuchar a los transportistas, quienes han buscado demostrar que la alternativa es mudar el grueso de los autobuses a una modalidad inferior, no solamente para reducir costos en más de 50 por ciento, sino porque el tráfico y las condiciones de las vialidades en la capital exigen que se cuente con vehículos que no sean de grandes dimensiones. Y el escollo no es algo menor, ya que esos 2 mil autobuses que tendrían que salir de circulación en este año le dan servicio a 50 por ciento de los usuarios de la ciudad de Puebla y zonas urbanas vecinas a la capital. Los “coyotes” Hace más de un año el gobierno del estado emitió un decreto –que va contra toda lógica de mercado–, por el cual se les prohíbe a los concesionarios cambiar el tipo de vehículos que utilizan. Muchos creen que esa medida se impuso para buscar la quiebra de los transportistas, como una manera desleal de que no puedan competir contra el sistema Ruta, que creó la administración morenovallista y ha resultado un fiasco financiero. Lo que parecía ser una berrera infranqueable para que los permisionarios pudieran reemplazar sus vehículos por unos más económicos, encontró una solución en una práctica corrupta, consistente en pagar un soborno de 50 mil pesos. La trampa consiste en que en la ST se expide la autorización del cambio de modalidad de vehículo, pero con una fecha anterior al decreto en cuestión. Muchos transportistas han recurrido a esa vía no legal, que no necesariamente significa la mejor solución, ya que se ven obligados a comprar nuevos vehículos, mismos que no pueden utilizar hasta tres meses después, que es el tiempo en que tarda en emitirse la autorización. Mientras tanto deben pagar letras que van de los 18 a los 25 mil pesos mensuales, correspondiente al crédito de la unidad adquirida. Se sabe que algunos de los intermediarios que estarían poniendo en contacto a los transportistas con funcionarios de la ST, para hacer la operación antes narrada, serían Benjamín González Loyola, quien fue directivo de RUTA y está vinculado al ex subsecretario de esa dependencia, Carlos Zurita; Jorge Méndez Gómez, quien fue alcalde de San Gregorio Atzompa y es cercano al diputado federal del PRI, Javier López Zavala, y Sergio Loyola, quien es sobrino del ex regidor y ex dirigente del PRD, Arturo Loyola. Y tal parece que quienes ejecutan dicha práctica tienen la protección de altas esferas del Poder Ejecutivo, ya que siendo la Secretaría de la Contraloría la que ahora tiene facultades de revisar el funcionamiento del transporte público, resulta sorprendente que no se detecten esos actos de corrupción. ¿O acaso alguien vinculado a la Contraloría es el ganador de tales operaciones? Si el gobierno quisiera frenar la corrupción en este asunto solamente tendría que dejar que los concesionarios cambien sus autobuses por microbuses, los cuales son más económicos, ya que los costos de un vehículo a otro se reducen de esta manera: un tanque de gasolina pasa de los mil 400 pesos a 800 pesos, una llanta de 6 mil pesos a mil 500 pesos y un cambio de aceite de 2 mil 500 pesos a 500 pesos. Pero tal parece que en la ST los oídos sordos de los funcionarios representan un negocio de 100 millones de pesos. Deja Erika de la Vega el PRI Erika de la Vega Gutiérrez, actual dirigente del PRI en San Pedro Cholula, pedirá licencia a su partido esta semana para dejar el Comité Municipal y dedicarse de lleno a buscar la candidatura a diputada federal. Su argumento, cuentan, es de dar un ejemplo de “aseo político” y no utilizar la estructura del priismo a su favor. Y es que al parecer, quien fuera presidente del DIF Municipal hace ya algunos años en San Pedro Cholula, dejó un buen recuerdo de su trabajo entre los ciudadanos, lo que la lleva a ser la mejor posicionada en las mediciones del tricolor. De ser así, el paso que dará esta semana es el primer aviso de que ya recibió el banderazo para ir por la candidatura. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/11/10/canonazos-de-50-mil-pesos-en-la-st-para-que-transportistas-puedan-sobrevivir
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