Concesiones Integrales no estaba constituida cuando inició licitación del agua
Por Fermín Alejandro García
Con una simple lectura a los recibos que está emitiendo Concesiones Integrales, la empresa mediante la cual se privatizó el agua en Puebla, salta a la vista un dato incongruente y sospechoso, consistente en que el Registro Federal de Contribuyente (RFC) de la compañía indica que ésta se constituyó mucho tiempo después de que se inició la licitación de la concesión del servicio hídrico y tres días antes de que le dieran el título para dicho fin.
Con tal condición, Concesiones Integrales no tendría que haber participado en la licitación internacional que emprendió el Poder Ejecutivo estatal para concesionar el servicio del agua potable.
Me explico: el Registro Federal de Contribuyente de una empresa se elabora con la fecha exacta en que se constituye. Primero va el año, el mes y el día, que se asienta en el acta constitutiva de una compañía.
De tal forma que llama la atención que el RFC de Concesiones Integrales es CIN13122313B, lo cual significa que se constituyó como empresa en el año 2013, en el mes de diciembre y el día 23.
¿Qué tiene de raro ello? Que la licitación para concesionar el servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Puebla inició el 18 de septiembre de 2013, y entonces para esa fecha legalmente y fiscalmente no existía Concesiones Integrales, por lo que surge una pregunta básica: ¿Cómo pudo, entonces, inscribirse en ese proceso?
Otras dos fechas importantes es que el fallo de la licitación se emitió el 12 de diciembre de 2013, y el título de concesión se entregó a la empresa ganadora el día 26 del mismo mes. De tal forma que Concesiones Integrales no existía fiscalmente hablando cuando se dio el primero de estos dos acontecimientos, por lo que estaba imposibilitada para hacerse acreedora al contrato en cuestión.
Para todas las empresas que participan en licitaciones es un requisito indispensable estar perfectamente constituidas antes de inscribirse en dichos procesos.
A nivel federal si una empresa participante no anota en la página de Companet su RFC, el sistema en automático rechaza el registro.
Si Concesiones Integrales para septiembre de 2013 no tenía personalidad jurídica y fiscal, no podía haberse registrado en el concurso de licitación, ni mucho menos participar en lo que se llama la visita de la obra, que consiste en saber bajo qué condiciones se pide ofrecer un servicio público, ni participar en las juntas de aclaraciones y presentar una propuesta técnica y económica.
Dicho de otra manera, Concesiones Integrales no tendría por qué tener ahora el control del sistema de agua potable que suministra el servicio a más de un millón de habitantes de la capital.
Entre los contadores se sabe que una empresa puede cambiar de razón social, pero no de RFC, por lo que en este asunto del agua potable se percibe un tufo de corrupción y múltiples anomalías.
Esta falta de concordancia entre la fecha de constitución de Concesiones Integrales y los plazos de la licitación es solo uno de tantos detalles de un proceso lleno de opacidad y sospechas.
No se sabe por qué sí el fallo de la licitación se dio en diciembre de 2013 fue hasta abril de este año que se dio a conocer la noticia del ganador del proceso.
Nadie sabe quién o quiénes son los dueños de Concesiones Integrales.
Los ciudadanos ignoramos bajo qué criterios técnicos, económicos y sociales se eligió a la compañía que ahora controla el agua potable.
Desconocemos los usuarios en qué consiste exactamente la participación financiera de los grupos Monex, Invex, Interacciones y la familia Hank en el manejo de acciones y administración de fideicomisos de Concesiones Integrales.
Ignoramos cuánto pagó Concesiones Integrales por la concesión del agua y bajo qué condiciones pagó, y lo más importante: no sabemos cómo se calculó el costo del sistema hídrico.
Los habitantes de Puebla nunca han recibido un ofrecimiento de mejora del servicio de agua potable y alcantarillado. Por tanto, se desconoce qué ofrece Concesiones Integrales o qué no ofrece, que aunque parece lo mismo no es algo igual.
En resumen, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas le niega a la ciudadanía poblana la información básica de un asunto esencial del ser humano, que es contar con agua potable, el cual no es un bien comercial, sino un derecho social.
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