Trampas en la PGJ para beneficiar a empresa mexiquense en adjudicación de autos chatarra
Por Fermín Alejandro García
La tendencia en el gobierno del estado de privilegiar a empresas foráneas y marginar a las de Puebla sigue su curso, ya que ahora funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han hecho varias trampas para beneficiar a la compañía Catolsa, que es originaria de Toluca, estado de México, por encima de cuatro participantes poblanos que se inscribieron en una importante subasta pública para adquirir, triturar y vender el material de mil 551 vehículos en desuso que tiene bajo su control dicha dependencia.
La chapuza que utilizó el personal de la PGJ para darle el contrato a Catolsa provocó que este martes, al final de la junta de aclaraciones del concurso, la mayoría de los participantes decidieran iniciar juicios de amparo contra la procuraduría por utilizar requisitos de tipo federal –que es algo improcedente– para descalificar a cuatro empresas de Puebla que estaban participando.
Este asunto consiste en lo siguiente: la PGJ emitió una convocatoria para una subasta de mil 333 vehículos automotores, 141 motocicletas y 41 bicicletas que tiene bajo su resguardo y ya no funcionan. El objetivo es que alguna compañía adquiera todas esas unidades, que de manera global tienen un peso de un millón 607 mil 620 kilogramos, para que las triture y comercialice el material que se obtenga. La dependencia pide que se le pague un precio mínimo de 2 pesos con 28 centavos el kilogramo.
Resulta que hubo una primera subasta con el número S.PGJ.001/14, pero se declaró desierta por el pequeño detalle de que había ganado Catolsa, pero los directivos de esa compañía cometieron el error de no pagar a tiempo una fianza que se pide en la convocatoria.
Para la segunda subasta, ahora con el número S.PGJ.002/14, los participantes se llevaron la sorpresa de que en las bases se incluyeron dos párrafos, que tienen el mismo contenido, en el cual se indica que las personas físicas o morales solamente pueden participar si tienen autorización del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para operar como centros de destrucción de vehículos, de acuerdo con el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003.
Resulta que ese decreto lo firmó en 2003 el entonces presidente Vicente Fox Quesada para buscar que los dueños de autobuses, tractocamiones y camiones del servicio público federal renovaran su parque vehicular, consistente en obtener beneficios fiscales, llevar a triturar sus unidades y con el dinero que les dieran por la chatarra pagar el enganche de nuevos vehículos. Para que funcionara el programa se determinó que solamente lo podían hacer centro de destrucción autorizado por el SAT.
Por tanto, pedir ese requisito en Puebla por parte de la PGJ no procede porque no se trata de vehículos controlados por el régimen jurídico federal, y esos centros de destrucción se registraban para un programa que ya desapareció.
Se pidió ese requisito porque solamente Catolsa tiene el registro en cuestión del SAT, y los otros participantes no cuentan con el mismo.
Algunos de los participantes en la subasta reclamaron de esta manera: “Descalifícame con otro argumento, pero no con uno que no procede jurídicamente”.
Y es que trascendió que mientras las compañías de Puebla estaban dispuestas a pagarle un buen precio a la PGJ por el kilo de chatarra, Catolsa tenía una oferta menor que el resto de sus competidores, y por tanto había que hacerla ganadora con un requisito que no implicara el comparativo de las ofertas económicas.
Modificaron en lo oscurito el reglamento que regula a verificentros
Tal como se ha sostenido en esta columna, el tema de los verificentros es un cochinero que no parece tener fondo, pues ahora se ha descubierto que, de manera discrecional, “en lo oscurito”, se modificó el Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable de Puebla para quitarles obstáculos y darles importantes beneficios a los empresarios foráneos que, probablemente, a partir de esta semana se harán cargo de los centros de verificación vehicular de Puebla.
El lunes en este espacio se expuso cómo la licitación SDRSOT–LP–OCCV– 2014 permite un concurso de adjudicación de los verificentros en la mayor opacidad posible, dejando fuera de la competencia a empresarios poblanos, y lo más grave, que dicho proceso no se apega a las normas que rigen tal actividad.
En la columna se hizo la aclaración de que se hacía el análisis del documento con la posibilidad de que en secreto, de manera oculta, se hubieran modificado los ordenamientos. ¿Y qué cree?, pues así pasó: se alteró el Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable de Puebla sin que casi nadie se percatara de esa maniobra.
Este tecleador se dio cuenta por lo siguiente: como reacción a lo que expuso en la columna del lunes, llegó a la redacción de La Jornada de Oriente la enésima carta de Avelino Hernández Vélez, el enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), quien de manera dolosa quiere desmentir lo consignado en la columna. Lejos de lograr su cometido, el funcionario en cuestión a contribuido a que se exponga el juego sucio que existe para entregar los verificentros a un grupo consentido de empresarios del estado de México y el Distrito Federal.
Algunos de los aspectos que se cuestionaron en “Cuitlatlán” es que en la licitación –cuyo fallo se dará a conocer mañana– se otorgan las concesiones de los verificentros por 20 años y no por 12 años, como marca la norma, y que el reglamento que rige a la actividad marca que no se puede, en el estado de Puebla, tener más de una concesión de un centro de verificación, y que en el concurso público en cuestión únicamente se deja participar a quienes ya tienen por lo menos una estación de monitoreo.
En la carta del señor Avelino Hernández se dice que estoy equivocado. El texto es el que a continuación se presenta y luego del mismo, le digo al señor Avelino por que actúa con engaños:
San Andrés Cholula, Pue,
a 14 de julio de 2014
Mtro. Aurelio Fernández Fuentes
Director de La Jornada de Oriente
Presente
Con relación a la información que se publica en la columna “Cuitlatlán”, de la edición de este lunes del periódico que dirige, me permito hacerle llegar las siguientes consideraciones:
La obtención de las bases de licitación tuvo un costo de 2 mil 600 pesos en términos del artículo 23 fracción V de la Ley de Ingresos del estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2014, tal como se publicó la Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado el 26 de junio del año en curso.
El artículo 46 del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica vigente, establece claramente que la vigencia de las concesiones es de veinte años, por lo tanto no se viola dicho precepto.
Tampoco se violenta lo establecido en el punto 9 de las bases de licitación, ya que el mismo señala claramente: Acredite mediante copia simple del título de concesión que actualmente tiene instalado y operando un centro de verificación vehicular y que lo ha hecho en forma continúa al menos dos años, toda vez que podrá acreditar mediante título de concesión otorgado en cualquier parte de la República Mexicana; por lo tanto, se desprende claramente que la información de la citada columna es dolosa, ya que fue transcrita incompleta y es precisamente el complemento lo que enmarca dentro de la ley, el requisito establecido en este punto.
En cuanto al comentario de que la SDRSOT podrá adjudicar de manera directa en caso de declararse desierta la licitación, es necesario comentar que el procedimiento se realiza conforme lo establecen la ley y el reglamento y se encuentra apegado a derecho.
En lo relativo a la información confidencial, me permito aclarar que ésta se establece en términos de la normatividad aplicable y se basa en las leyes que se mencionan, así como en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Solicito la publicación de la presente, tal como lo señala la Ley de Imprenta en vigor.
Atentamente
Avelino Hernández Vélez
Enlace de Comunicación Social
Respuesta y cuestionamiento
Debo confesar que al leer la carta del señor Avelino Hernández en un primer momento pareció que me podía haber equivocado en el manejo de la información relativa al Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable de Puebla, pero al investigar brotó la información de que dicho ordenamiento fue modificado el pasado 30 de mayo, sin que los entonces propietarios de los centros de verificación vehicular fueran enterados, cuando se supone que las normas están dirigidas específicamente a controlar la actividad de esos prestadores de servicios ambientales.
No se consultó a nadie para hacer los cambios, y mucho menos se ha hecho una justificación pública para que se sepa a qué obedecen las modificaciones al reglamento. Queda claro que no se dan esas explicaciones porque se pondría en evidencia el juego sucio que ha existido para, primero, despojar de las concesiones de los anteriores dueños de los verificentros, y luego entregarlas a ciertos personajes ligados a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Ayer por la tarde este tecleador consultó a varios ex dueños de verificentros y ninguno sabía del cambio en el mentado reglamento, que al ser modificado ahora si permite que las concesiones sean por 20 años y se otorguen a quienes ya tienen un centro de verificación vehicular, lo que propicia la formación de monopolios entorno a esa actividad.
Lo que más se cuestiona es que es que el reglamento se modificó el 30 de mayo; es decir, casi dos meses después de que empezó el proceso la clausura de verificentros –que inició el 21 de marzo– con el argumento de que eran solo revisiones técnicas, cuando en realidad se modificó la norma ya con la intención de que las estaciones de monitoreo cambiaran de manos.
Respecto a que las bases no costaron 10 mil pesos, sino 2 mil 600 pesos, es una situación que es responsabilidad de la SDRSOT y no de este columnista, ya que la dependencia publicó dos convocatorias y en la primera se mencionó que costaban 10 mil pesos.
En el resto del alegato del señor Avelino Hernández me da la razón; el gobierno podrá adjudicar a quien quiera los verificentros y negar la información de quiénes participaron en la licitación. No entiendo para qué tanto reclamo del funcionario de la SDRSOT, si al final siempre el contenido de sus cartas acaba refutado.
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