Rodríguez Verdín quiso prohibir al clero católico velar los restos de Delfino Flores
Por Fermín Alejandro García
Cada gobierno estatal de Puebla, por lo menos desde la época de Alfredo Toxqui Fernández de Lara y hasta la de Mario Marín Torres, había tenido siempre una alta dosis de autoritarismo y abusos, que al final sabían equilibrar con procesos de negociación o conciliación política. Ahora eso ha cambiado radicalmente, ya que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas tiene dos componentes distintos: un alto grado de rencor y deseo de desaparecer, de exterminar, a sus críticos, a la oposición y a los que piensan diferente, así como una clara y manifiesta insensibilidad humana y social.
Solo de esa manera se puede entender la siguiente historia: hace casi un mes murió en una fría celda el luchador social Delfino Flores Melga, luego de que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y el Tribunal Superior de Justicia hicieron caso omiso a la petición de que fuera juzgado desde su domicilio por tener más de 90 años de edad y se revisara su expediente, que estaba plagado de anomalías jurídicas. Todo esto ya se sabe, pero lo que se ignoraba fue el grado de encono que siguió habiendo contra el nonagenario, aun cuando ya había perdido la vida.
Cuenta una fuente bien informada que cuando llegó la noticia a Casa Aguayo de la muerte de Delfino Flores Melga y el enojo social que había causado que hubiera muerto en la prisión de San Miguel, se instruyó al director de Investigaciones Políticas de la Secretaría General de Gobierno, José Ventura Rodríguez Verdín, hacerse cargo de este asunto.
Lo primero que hizo Rodríguez Verdín fue comunicarse con las altas esferas del clero católico y con varios sacerdotes de base para pedirles, exigirles, que por ninguna razón se le diera el servicio religioso de cuerpo presente a los restos de Delfino Flores, ya que por ser un preso habría enojo en el Poder Ejecutivo si se le ofrecía una misa al finado o se le organizaban rezos en algún templo de la capital.
De nada sirvieron las respuestas, los razonamientos que los sacerdotes le dijeron a Rodríguez Verdín de que un servicio religioso no se puede negar a nadie y que es un asunto que está por encima de criterios políticos, jurídicos o sociales de cualquier otra índole. Dicen que el funcionario a todos les decía que no fueran a hacer enojar a los miembros de la cúpula del Poder Ejecutivo ignorando su petición.
Flores Melga fue un hombre honrado, humilde, que dedicó su vida a luchar por la vivienda popular a favor de madres solteras y familias que migraron del campo a la capital. Por eso dolió su muerte y el trato autoritario que sufrió en la última etapa de su vida, y eso llevó a que miembros del Movimiento de Alternativa Social, así como un grupo de familiares y ciudadanos, al otro día del deceso cargaran el féretro de Delfino Flores y fueron a protestar frente a Casa Aguayo y la sede del Tribunal Superior de Justicia.
La misma fuente cuenta que esa protesta crispó lo ánimos en la Secretaría General de Gobierno y en especial de Rodríguez Verdín, por lo que este último pidió que la movilización, cuando ésta se realizaba frente a Casa Aguayo, fuera dispersada por los granaderos.
Al parecer sí hubo la intención de sacar a la fuerza pública para reprimir a los activistas y los familiares dolientes. No se hizo porque había varios reporteros y fotoperiodistas, y se quiso evitar el escándalo.
¿Qué se gana con negarle el servicio religioso a los restos de un luchador social? Es evidente que no se logra nada, y esa situación solo es una muestra del extremo rencor que mueve a la administración morenovallista contra quienes se atreven a criticar, a pensar diferente que el gobernador, como fue el caso de Delfino Flores Melga, quien siempre militó en partidos de izquierda.
Si ese odio enfermo existió contra un anciano que murió pobre y confinado en una prisión, uno acaba de entender la insensibilidad que el gobierno estatal mostró la semana pasada para lanzar letales balas de goma contra mujeres, niños y campesinos de San Bernardino Chalchihuapan que protestaban por algo muy sensible, que fue haberles quitado el registro civil y eso es un malestar que se ha dejado sentir en todo el estado.
Por eso se entiende que la Secretaría General de Gobierno salga con explicaciones absurdas a decir que las victimas fueron los granaderos y los violentos las amas de casa y los labriegos. Y que no se muestra la más mínima sensibilidad por el caso del menor que se encuentra en estado de coma por presuntamente haber sido golpeado por una bala de goma de la Policía.
Ese mismo rencor es lo que hace que el gobierno busque que los encarcelados por protestar contra el metrobús, el decomiso de mototaxis, por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos o el retiro del registro civil de las juntas auxiliares acaben siendo sentenciados a varias décadas en la cárcel.
Los últimos acontecimientos violentos que hemos vivido en Puebla son producto de que el odio, el rencor, la frustración son componentes primordiales en la conducción de políticas públicas en el gobierno de Moreno Valle.
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