Mario Riestra, el causante de la rebelión en juntas auxiliares
Por Fermín Alejandro García
Pocos asuntos, como ha sido el retiro del registro civil de las juntas auxiliares, han desatado tanto malestar e ira en pobladores de comunidades de los cuatro puntos cardinales del estado de Puebla. El responsable de ese yerro, que ya provocó una ola de violencia, se llama Mario Riestra Piña, quien en su calidad de entonces presidente del Congreso –en diciembre de 2013– fue quien impulsó la reforma a la Ley Orgánica Municipal que ha provocado dicha crisis de ingobernabilidad.
Riestra ocupó la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el último año de la pasada Legislatura local y buscó que la mayor parte del trabajo en el Congreso se utilizara para su promoción personal, como parte del proyecto que tiene de ser candidato a alcalde de la ciudad de Puebla en el año 2018.
Dentro de esa dinámica, Riestra –quien actualmente es secretario general del ayuntamiento de Puebla– impulsó una reforma a la Ley Orgánica Municipal en la cual se estableció que las juntas auxiliares son órganos desconcentrados de los ayuntamientos, y por tanto los ediles subalternos perdieron la función de nombrar a los jefes policiacos de sus comunidades y a seguir manejando el registro civil.
Con ello se le quitó a los alcaldes de juntas auxiliares sus dos principales facultades, y al mismo tiempo se complicó la convivencia social en esas comunidades.
Más allá de los argumentos –mucho de ellos válidos– que se dieron en su momento para realizar dicha reforma, el verdadero trasfondo de ese cambio era de orden político–electoral.
A finales de 2013 en el gobierno del estado se hizo un análisis de la situación política de las juntas auxiliares, y se advirtió que el grueso de estas comunidades son dominadas por grupos o familias vinculadas al PRI, al PRD y el PT, o por organizaciones vecinales, que escapaban del control que ha ejercido el morenovallismo en la mayor parte de los ayuntamientos de la entidad.
Frente a ese panorama se consideró necesario quitarle “poder” a los presidentes auxiliares, para evitar que se debilitaran los alcaldes que habían llegado al cargo mediante las candidaturas comunes que se formaron entre el PAN, el PRD, el Panal, el PSI, Partido Compromiso por Puebla y en muchos casos, el PT.
Es importante hacer la observación de que muchos grupos del PRD o del PT que dominan juntas auxiliares, se salen del control de las dirigencias estatales de estos partidos.
Para nadie es un secreto que el proyecto de la reforma en cuestión se elaboró por una Consultoría Jurídica del Distrito Federal y se entregó a la Secretaría General de Gobierno, en donde seguramente la iniciativa se le turnó personalmente a Mario Riestra, para que este último se pudiera lucir en el Congreso local, con la venía del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
El problema no es que se hubiera querido reformar el marco normativo de los municipios, que se hayan querido frenar abusos que se venían cometiendo en las juntas auxiliares y que se buscara que dicho asunto se empleara para dar brillantez a la carrera del bisoño Mario Riestra, sino que el mayor cuestionamiento es que el entonces presidente del Congreso no haya medido el impacto negativo que provocaría los cambios realizados a la Ley Orgánica Municipal.
Más allá del manejo político que se da a las presidencias auxiliares, lo cierto es que el grueso de las comunidades que tienen este estatus jurídico se rigen por usos y costumbres, el grueso de sus pobladores son de escasos recursos económicos y los habitantes buscan que los ediles subalternos les solucionen sus demandas de servicios públicos o los problemas de la comunidad.
No haber medido –por parte de Riestra– el impacto negativo que tendría quitarle a los presidentes auxiliares el registro civil y el manejo de la Policía local resultó una grave omisión que ha generado la ola de inconformidad más grande que se ha registrado en lo que va del sexenio morenovallista.
De hecho, es el mayor conflicto que se ha generado en las juntas auxiliares por lo menos en las dos últimas décadas.
Y eso es consecuencia de que en el Congreso del estado los plazos para discutir reformas se reducen, en el mejor de los casos, a unos pocos días, y en el peor, que es lo que más domina, a unas cuentas horas.
En el Congreso local nunca se consulta a expertos en la materia en que se legisla, ni mucho menos se toma en cuenta la opinión de la gente y tampoco se discuten los proyectos entre las bancadas oficiales y la oposición.
La consecuencia de ese comportamiento antidemocrático e irresponsable, de los anteriores y los actuales diputados, se está viendo reflejado en la rebelión ciudadana de las juntas auxiliares contra el abuso de retirarles el registro civil.
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