La CAIP y la CDH enfrentan su peor deterioro
Por Fermín Alejandro García
Más allá de las severas críticas y el desconcierto que han generado a lo largo del sexenio, se puede afirmar que se ha llegado a un punto crítico de deterioro de dos organismos que son fundamentales en la sociedad poblana: la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), pues la primera, en lugar de mostrar aunque sea un poco de apertura a la transparencia, ahora se dedica a combatir judicialmente a quienes piden datos; y en el segundo caso, el ombudsman Adolfo López Badillo se ha dedicado a justificar la represión del Poder Ejecutivo, y su ratificación en el cargo pasó desapercibida, ya que a nadie le interesa su labor.
La crisis de ambos organismos se complementa con que la CAIP hace un par de semanas perdió a su única consejera –en la persona de Blanca Lilia Ibarra– que buscaba cumplir con la Ley de Transparencia; y el Congreso ratificó al presidente de la CDH con un conjunto de 160 firmas de apoyo, que en su mayoría son de organizaciones ajenas al estado de Puebla y en general se desconoció quién pidió que siguiera en el cargo el ombudsman que tiene como principal característica: ser invisible.
Con el deterioro que sufren ambos organismos se acrecienta la crisis política que se vive en Puebla, en la cual cada vez aumenta más la represión sistemática contra opositores al Poder Ejecutivo y el ocultamiento de información pública por parte del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien no tiene ningún contrapeso real y permanente.
El contrapeso que ejercen los diputados del PRI en el Congreso del estado es el único que existe, pero se ejerce de un modo débil, sin consistencia y de manera selectiva. Una muestra de ello es que la semana pasada los legisladores priistas votaron a favor de ratificar a Adolfo López Badillo, pese a que los resultados positivos que ofrece como presidente de la CDH son inexistentes y su labor en nada contribuye a frenar o denunciar las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno morenovallista.
Resulta sorprendente e indignante que ninguna fuerza política en Puebla, ni la CDH, levantó la voz por la muerte del activista Delfino Flores Melga, quien enfrentaba un proceso penal plagado de anomalías y tenía 90 años de edad, lo cual justificaba que se le diera el derecho de enfrentar su juicio fuera de prisión. El maltrato hacia el nonagenario era consecuencia de que no era alguien con influencia política y con solvencia económica. El caso contrasta con el de Alfredo Arango, el ex secretario de Salud, quien es acusado por malversar más de mil millones de pesos: una parte importante de su reclusión la pasó en un hospital y ya está libre.
Contra López Badillo había datos contundentes para que se le impidiera un segundo periodo al frente de la CDH, como es el hecho de que el ombudsman redujo drásticamente las recomendaciones contra el Poder Ejecutivo, pese a que se disparó el número de quejas contra el gobierno del estado por violación a los derechos humanos.
En el último periodo de seis meses de la anterior presidente de la CDH, Marcia Bullen Navarro, se emitieron 13 recomendaciones, y en cambio López Badillo ha tenido semestres con una sola recomendación.
Lo cual muestra que la CDH, como nunca, es un cero la izquierda, y que lo que más convendría es su desaparición.
La CAIP contra los ciudadanos
La estrategia que sigue el gobierno del estado para aparentar que es transparente, pero en realidad evitar dar a conocer datos públicos, es que las solicitudes de información son contestadas en positivo, pero no por medios digitales, sino a la personas que solicitan algo las mandan a las dependencias a consultar archivos que no pueden ser fotocopiados o únicamente los dejan consultarlos unos cuantos minutos, o nunca les dan las citas para otorgarles el material requerido o les dicen que se comuniquen a un número telefónico que nadie contesta.
Lo grave de ese comportamiento oficial es que la CAIP tendría la obligación de combatir esas practicas de opacidad del Poder Ejecutivo, pero en lugar de ello avala esa estrategia.
Frente a esas trampas el periodista Ernesto Aroche y otros dos ciudadanos pidieron la protección de la justicia federal. Hace tres semanas el comunicador ganó un amparo contra la CAIP que le ha negado solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Secretaría de Finanzas y Administración y al organismo Puebla Comunicación, para conocer diversos gastos que ha hecho el gobierno del estado en el ámbito de medios de comunicación y pago de pensiones, entre otros rubros.
Lejos de que la CAIP acatara el amparo, decidió combatir la resolución que dictó el juez sexto de Distrito y pidió a un juzgado colegiado que revise el caso.
Lo más cuestionable es que el gobierno del estado también pidió la revisión del amparo ganado por Aroche.
La CAIP y el gobierno del estado lo hicieron en los mismos términos. Lo que pone en evidencia que la comisión carece de autonomía e independencia frente al Poder Ejecutivo.
Y en lugar de que la CAIP busque combatir las prácticas tramposas del gobierno, se puso a combatir a los agraviados por esa conducta viciada. Ahora los patos le tiran a las escopetas.
En ese tenor, lo mejor es pedir que desaparezca la CAIP. ¿O para qué sirve en las actuales condiciones?
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