La bala asesina crece y crece
Por Enrique Núñez
Cuando el pánico se apoderó del gobernador Moreno Valle, éste se lo contagió a todo su equipo, el cual se paralizó ante la arremetida mediática generada por el asesinato del niño José Luis Tehautlie, en la tarde trágica de Chalchihuapan.
El letargo morenovallista, para reaccionar, hacía pensar que preparaba una estrategia lógica y contundente que pudiera detener la creciente bola de nieve que inició por los contados medios críticos locales, trasladándose a las redes sociales, hasta que la tarde del viernes, después del anuncio de la muerte cerebral del niño, se convirtió en una avalancha, cuando se sumaron los medios nacionales a publicar, analizar y cuestionar los actos de represión ordenados por el gobernador poblano.
Sin embargo, la primera postura oficial en la que se manejó la versión de que no se habían utilizado balas de goma se complicó con la defensa que hizo el propio Moreno Valle de la “ley Bala”, para que una semana después terminara mandando una iniciativa para que su Congreso abrogue el mismo ordenamiento de su autoría.
Pero los yerros en el manejo de esta crisis han venido como en cascada.
Negar el uso de balas de goma, pese a las pruebas físicas y fotográficas, se complicó cuando utilizaron un oficio manipulado de la Secretaría de la Defensa Nacional para asegurar que no contaban con ese tipo de armas, versión que se desmoronó cuando Acento 21 presentó el oficio completo, en donde se demuestra que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla sí cuenta con este tipo de armas consideradas de cargo.
La versión oficial se grava cuando se demostró que en el 2011, en el operativo comandado por Ardelio Vargas en Chignahuapan, en donde la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite un dictamen confirmando el uso de las llamadas balas de goma.
También, están las versiones periodísticas de Intolerancia y La Opinión, en las que se detallan estos operativos y los proyectiles utilizados.
Y si no fueran suficientes, están los testimonios de los habitantes de Chalchihuapan, las fotografías y los vídeos donde se ve a los policías disparar, además de los documentos de la Sedena, la CEDH y las citas hemerográficas; también, la opinión del neurólogo enviado por el Senado confirma que la muerte del niño no fue provocada por un cohetón, sino por un proyectil.
Por donde se analice, la estrategia morenovallista falló por una simple y sencilla razón: una mentira tan grande termina cayendo siempre por su propio peso.
Quienes le aseguraron al gobernador que podrían contener a los medios se equivocaron.
Menospreciaron a los pocos medios locales críticos y pensaron que los millones gastados en los medios nacionales les corresponderían con una complicidad ciega.
Craso error.
Los medios locales independientes prendieron la mecha, las redes sociales cuidaron que ésta no se apagara en su camino, hasta que los medios nacionales detonaron la bomba, que enterró la prometedora carrera política de Moreno Valle.
Era más fácil desaparecer la catedral que la bala asesina.
Y lo peor está por venir
Equivocados en su estrategia, los morenovallistas piensan que si algún acuerdo cupular ordenara a la PGR a emitir un dictamen que dijera que sí fue un cohetón el que mató a José Luis, éste va a absolver las culpas del gobernador.
Tremendo error.
El problema es que además de la sentencia social que lo convirtió en asesino, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá estudiar las sistemáticas violaciones graves a los derechos humanos de parte del gobierno encabezado por Moreno Valle.
No estudiarán la bala, sino todo lo que hay detrás de este indignante asesinato.
Y ahí entrarán las represiones en Chignahuapan, Tehuacán, Huejotzingo, Chalchihuapan; al igual que las persecuciones a líderes sindicales, empresarios, transportistas, burócratas, campesinos, periodistas y muchos otros poblanos que han padecido el autoritarismo del gobernador.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de diversos grupos de poblanos convierten al gobierno de Moreno Valle en un gobierno autoritario y represor, lo cual podría terminar en la Comisión y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde sus resoluciones son inapelables y fuera del ámbito de corrupción, en donde el Gober Bala está acostumbrado a imponer su voluntad.
Pensar que el problema se termina desapareciendo la bala asesina los puede llevar a un callejón sin salida, en donde lo espera un pelotón de fusilamiento.
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