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En dos meses el gobierno de Puebla ha encarcelado a 23 activistas sociales
Por Al Minuto • julio 12, 2014 • el gobierno de Puebla ha encarcelado a 23 activistas sociales En dos meses Nota Roja Policiaca Política Rafael Moreno Valle • Comentarios : 0
Algún tipo de aspiración autoritaria circula en las venas de varios gobiernos locales de nuestro México. El estado de Puebla es otro ejemplo de cómo se recurre al uso de la fuerza para impedir las manifestaciones sociales. Entre la promoción de la ley bala, la intervención de fuerzas públicas en las manifestaciones y la nula protección que ofrece la Comisión de Derechos Humanos local, parece que los ángeles han abandonado la ciudad y en su lugar el gobierno ha colocado sendos granaderos.
Recordemos que el sábado 21 de junio, un centenar de ellos llegó al poblado de San Antonio Cacalotepec para detener en forma violenta a ocho pobladores de esa comunidad rural que realizaban una protesta por el servicio deficiente que presta el sistema de transporte metrobús. Su amenazante presencia no es el único elemento al que recurre el gobierno para amedrentar a la sociedad que en su legítimo derecho quiere expresar oposición. En tan sólo dos meses, el gobierno de Rafael Moreno Valle, ha encarcelado a veintitrés personas que participaron en protestas sociales en distintos municipios de la entidad. Tanto activistas de medio ambiente, ciudadanos que exigen reducción de costos por la energía eléctrica, o que protestan contra las intervenciones violentas para decomisar taxis fueron arbitrariamente detenidos.
Ese terrible saldo podría ser aún peor si la llamada ley bala —Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla— impulsada por el gobernador y presentada por el diputado Francisco Rodríguez Álvarez no se hubiera detenido. Por fortuna, no han podido llevar al extremo su intolerancia a las manifestaciones, ya que cinco juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación admitieron varios amparos interpuestos por organizaciones civiles contra la ley.
Así que por lo pronto está suspendida la arbitrariedad del gobierno local hasta que los juicios de amparo interpuestos sean resueltos. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, Article 19, Propuesta Cívica, A.C., y Fundar Centro de Análisis e Investigación, varios activistas se dieron a la tarea de proteger mediante amparos la salud e integridad de cualquier ciudadano que pretenda manifestarse en terreno poblano.
Tan evidente es la presión a quien se pronuncie distinto del gobierno, que no ha sido sencillo incorporar a más asociaciones, porque el nivel de riesgo y amedrentamiento contra las organizaciones de sociedad civil poblanas es tal, que sólo cuatro de las locales de las treinta convocadas se animaron a interponer directamente los amparos.
En este estado de riesgo para quienes quieren expresarse libremente en las calles, no hay ninguna institución garante que vele por su derecho. Justamente hace unos días se ratificó por unanimidad de los diputados a Adolfo López Badillo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado por cinco años más. Sin embargo, el ombudsman para muchas de las organizaciones de defensoría de derechos no representa más que los intereses del gobierno.
La garantía de los ciudadanos para ejercer el libre derecho a expresarse en Puebla es tan endeble como la retórica de su gobernador. Contradice con hechos lo que con palabras y ademanes de brazos intenta manifestar. Tiene atemorizada a la sociedad civil y sigue sin entender que su llegada al poder fue en gran medida una reacción social contra la represión que su antecesor Mario Marín ejerció contra la libertad de expresión y los comunicadores.
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