El autoritarismo pasa por el Congreso

El autoritarismo pasa por el Congreso

EL AUTOR
ENRIQUE NÚÑEZ

Un profundo análisis deberán hacer los expertos en derecho electoral del país sobre los peligros que generan las alianzas y coaliciones de partidos políticos en torno a un mismo candidato.

El ejemplo de Puebla deber ser motivo de un estudio de fondo, para mostrar que estas fórmulas multipartidistas atentan contra la democracia y la equidad en el ejercicio del poder público.

Basta con echarle un vistazo a la conformación del Congreso del estado, y de la forma en que éste es operado, para darnos cuanta de que la búsqueda de los equilibrios políticos a través de innumerables modificaciones a la ley electoral ha fracasado rotundamente.

De entrada, las supuestas diputaciones plurinominales, que en el papel y en la teoría fueron creadas para darle espacio a los partidos y a los grupos de minoría, en el caso de Puebla la mega coalición de partidos terminó por fortalecer al grupo en el poder, otorgándole en total 31 de 41 diputaciones.

En Puebla estamos como en los peores tiempos de la dictadura tricolor, en donde la mayoría camaral era un prerrogativa natural del Ejecutivo.

Es un hecho que las alianzas partidistas, en casos como el de Puebla, rompen con los principios de equidad y logran hacer de sus Congresos una oficina de trámites para facilitar las constantes acciones prendarias, en donde las riquezas estatales se han convertido en garantías hipotecarias para las empresas amigas del Señor de Los Cerros.

Más allá de los montos de la deuda estatal, valdría la pena saber la cantidad que mensualmente el estado paga a las diferentes empresas beneficiadas con contratos de las llamadas PPS para darnos cuenta que el margen de maniobra de los próximos cuatro gobernadores serán mínimos, toda vez que se tendrán que pagar las obras realizadas en este sexenio.

No quiero ni imaginar lo que va a padecer el próximo gobernador cuando le informen que parte sustancial de las participaciones federales están comprometidas por los próximos 20 o 30 años.

Y es ahí en donde nos acordaremos de los diputados locales que durante la pasada Legislatura se dedicaron a firmar todas las PPS.

Lamentablemente, la conformación de la nueva Legislatura está peor de desequilibrada que la anterior. Hoy son 31 diputados los emanados de la alianza morenovallista contra 10 del PRI-Verde.

Y de esos diez, cuando menos la mitad son verdaderas comparsas del gobernador.

Un ejemplo del entreguismo de un diputado del PRI lo tenemos en el líder de la CTM Leobardo Soto, quien ha recibido millonarios beneficios, junto con su hermano, con la movilización de tierras en la plataforma de Audi.

Es evidente que Leobardo Soto es un beneficiario directo del morenovallismo y, por lo tanto, un diputado más de ese bloque legislativo.

No es casualidad que sea uno de los diputados del PRI que hasta ahora no ha levantado la voz en el Congreso en contra de los excesos del actual gobierno.

A diferencia del líder charro, los que sí han comprendido su función opositora son Víctor Giorgana, Pepe Chedraui y Pablo Fernández.


De los demás, su condición opositora aún está por verse.

De los gasolinazos a los aguacerazos

Como prueba del centralismo autoritario que hoy vivimos en Puebla está la decisión de aumentar las tarifas del agua, para preparar la llegada de la empresa extranjera que explotará el vital líquido a costa de los bolsillos de los poblanos.

Al igual que a nivel federal desde hace dos sexenios nos vienen partiendo la mandarina a base de gasolinazos, ahora desde el Congreso del estado nos van a hacer exactamente lo mismo, pero con aguacerazos.

Cada vez que la empresa concesionaria negocie un aumento con el mandamás poblano —con sus respectivas comisiones—, los diputados acomedidos y presurosos van a aumentar las tarifas del agua.

Y pensar que se dicen nuestros representantes.

¡Que no jodan!