Las diligencias incluyeron aseguramientos, devoluciones y entregas de menaje en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán y Gustavo A. Madero, como resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras instituciones capitalinas. 

 Como parte de las acciones de atención integral a las víctimas, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, sostuvo un encuentro en la colonia Roma con el equipo del Gabinete Contra Despojos y con una persona que logró recuperar su inmueble tras haber sido víctima de un presunto fraude. 

El caso derivó de un intento por simular una compraventa del inmueble después del fallecimiento de la pareja de la víctima, situación que fue atendida mediante el trabajo coordinado de las instituciones que integran el Gabinete. Durante el encuentro, la víctima agradeció el acompañamiento brindado por las autoridades para recuperar su patrimonio y reconoció el trabajo realizado por las dependencias involucradas. 

Asimismo, hizo un llamado a las personas que han sido afectadas por este delito a presentar la denuncia correspondiente y acercarse a las instituciones, al destacar que la coordinación entre autoridades permitió restituir sus derechos y devolverle la certeza jurídica sobre su inmueble. Entre las acciones más relevantes destaca la devolución del inmueble ubicado en la calle Mitla, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde, tras el retiro de sellos y la verificación correspondiente, se restituyó la posesión a quien acreditó su derecho mediante un contrato de arrendamiento y las resoluciones judiciales correspondientes. Asimismo, sobresalen las diligencias realizadas en la colonia Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, donde se concretó la devolución de una accesoria y, posteriormente, el aseguramiento del resto del inmueble como parte del seguimiento ministerial al caso. 

 Durante estas jornadas también se efectuaron entregas de menaje en inmuebles ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán. Entre ellas destaca la realizada en el predio de San Benito, en Pedregal de Santa Úrsula, donde fueron entregados bienes y vehículos a las personas morales que acreditaron su legítima posesión. 

 Por otra parte, el Gabinete Contra Despojos ejecutó diversos aseguramientos derivados de investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de Tlalpan, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

 Las diligencias se llevaron a cabo de manera ordenada y con acompañamiento institucional, privilegiando en todo momento la legalidad y el respeto a los derechos de las personas involucradas. De igual forma, se realizaron acciones en inmuebles localizados en el Centro Histórico, Santa María la Ribera, Zapotitlán, Tacuba, Lindavista y Guadalupe del Moral, fortaleciendo el seguimiento a las carpetas de investigación y la recuperación de espacios en beneficio de la ciudadanía. 

 Las acciones desarrolladas durante estos días reflejan el trabajo permanente y coordinado entre las instituciones del Gobierno capitalino para atender denuncias por despojo, proteger el patrimonio de las familias y avanzar en la construcción de una ciudad con mayor certeza jurídica. El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mantiene una estrategia interinstitucional para atender este delito, impulsar la recuperación de inmuebles y garantizar el acceso a la justicia para las y los habitantes de la capital.

El crimen más reciente ocurrió dentro de la propia presidencia municipal de Temoac, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra el edil. Lavín Romero ya había sobrevivido a un atentado meses atrás, lo que evidenciaba el nivel de riesgo que enfrentaba en el ejercicio de sus funciones. El caso volvió a colocar en el centro del debate la vulnerabilidad de los gobiernos municipales frente a la operación de grupos criminales.

 Desde el inicio del actual sexenio, distintos presidentes municipales de entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Morelos han sido víctimas de ataques armados. En varios de los casos, las investigaciones apuntan a posibles disputas entre organizaciones delictivas por el control territorial o por influir en las decisiones de los gobiernos locales, aunque las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes. 

La situación ha generado preocupación entre asociaciones de municipios, especialistas en seguridad y actores políticos, quienes consideran que los ayuntamientos representan el nivel de gobierno más expuesto a las amenazas del crimen organizado. Los presidentes municipales suelen tomar decisiones relacionadas con las policías locales, obras públicas y administración de recursos, lo que los convierte en objetivos para grupos que buscan ampliar su influencia. Aunque el Gobierno de México ha informado sobre una reducción en diversos indicadores nacionales de homicidio y mantiene operativos de seguridad en varias regiones del país, los ataques contra funcionarios municipales siguen registrándose en diferentes estados. 

Las autoridades federales han señalado que continuarán trabajando de manera coordinada con fiscalías estatales para esclarecer estos hechos y detener a los responsables. El asesinato de alcaldes no solo representa la pérdida de servidores públicos, sino también un golpe a la gobernabilidad local. Cada atentado genera incertidumbre entre la población y obliga a reforzar los esquemas de protección para quienes desempeñan cargos de elección popular, especialmente en municipios con altos índices de violencia. 

Analistas consideran que fortalecer las instituciones de seguridad, mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y garantizar investigaciones eficaces serán factores determinantes para reducir este tipo de ataques. Mientras tanto, el incremento de homicidios contra autoridades municipales mantiene abierta la preocupación sobre la capacidad del Estado para brindar condiciones de seguridad a quienes encabezan los gobiernos locales.