La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso revisar el mecanismo mediante el cual se cobra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, con el propósito de fortalecer el combate al denominado "huachicol fiscal" y mejorar la recaudación tributaria.
La organización empresarial considera que el esquema vigente presenta áreas de oportunidad que podrían aprovecharse para reducir prácticas irregulares relacionadas con la comercialización de gasolinas y diésel.
Por ello, planteó abrir un diálogo entre autoridades hacendarias, representantes del sector energético y empresarios para analizar posibles modificaciones al sistema de cobro.
De acuerdo con la propuesta, uno de los objetivos sería reforzar los mecanismos de control en la cadena de distribución de combustibles, permitiendo una mayor trazabilidad del producto desde su importación o producción hasta su venta al consumidor final.
Con ello se buscaría disminuir espacios para la evasión fiscal y el comercio ilegal.
Especialistas en materia energética explican que el llamado "huachicol fiscal" consiste en diversas prácticas mediante las cuales algunos operadores evaden el pago de impuestos mediante declaraciones irregulares, importaciones con información falsa o alteraciones en la clasificación de los combustibles. Estas conductas generan pérdidas importantes para la hacienda pública y afectan la competencia entre empresas.
Coparmex sostuvo que cualquier modificación deberá realizarse con criterios técnicos y mediante un proceso de diálogo con todos los actores involucrados, evitando afectar a consumidores o empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
El organismo empresarial también destacó la importancia de fortalecer la supervisión por parte de las autoridades competentes y aprovechar herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento de las operaciones relacionadas con el mercado de combustibles.
Analistas consideran que combatir el comercio ilegal representa un desafío relevante para el sector energético mexicano, ya que estas prácticas no solo afectan la recaudación, sino que también generan competencia desleal y riesgos para la seguridad de los consumidores cuando los combustibles no cumplen con los estándares establecidos.
Autoridades federales han reiterado en diversas ocasiones su compromiso para combatir tanto el robo físico de combustibles como las modalidades de evasión fiscal vinculadas con este mercado.
Para ello mantienen operativos conjuntos entre instituciones de seguridad, autoridades hacendarias y organismos reguladores.
Representantes del sector gasolinero coincidieron en que fortalecer la legalidad beneficia a las empresas que cumplen con la normatividad y contribuye a generar un mercado más competitivo y transparente.
La propuesta de Coparmex abre ahora un nuevo espacio de discusión sobre la política fiscal aplicada a los combustibles y sobre las medidas que podrían implementarse para mejorar los mecanismos de control.
El análisis de estas iniciativas será determinante para definir si existen cambios que permitan fortalecer la recaudación sin afectar el funcionamiento del mercado ni el precio final para los consumidores.
El debate continuará en las próximas semanas, mientras autoridades y representantes empresariales analizan alternativas para combatir la evasión fiscal y fortalecer la transparencia en uno de los sectores estratégicos para la economía nacional.