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¿METERÁN LAS MANOS AL FUEGO LOS GOBERNADORES DE MORENA POR RUBÉN ROCHA MOYA?

abril 29, 2026

 



GOBERNADORES DE MORENA ELECTOS Y EN FUNCIONES APOYARON EN EL 2024 A RUBÉN ROCHA¿ LO VOLVERÁN HACER?

La política mexicana vuelve a mirar hacia el norte, y no precisamente por razones diplomáticas.

 La reciente acusación de la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, abre un frente de alto voltaje para el gobierno federal y para Morena, en un momento donde la estabilidad política es clave rumbo a los próximos procesos electorales.

 No se trata de un señalamiento menor. Cuando una fiscalía estadounidense —particularmente en una plaza como Nueva York, conocida por su historial en casos contra el crimen organizado— decide judicializar una acusación de este calibre, el impacto trasciende lo legal y se instala de inmediato en el terreno político.

 La narrativa de combate a la corrupción y al crimen, bandera central del oficialismo, enfrenta así una prueba incómoda.

 Habrá que ver ahora cuál es la postura de los gobernadores de Morena.

 Hace algunos meses atrás cuando desde Estados Unidos surgieron versiones que vinculaban a Rocha Moya con el supuesto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el respaldo fue prácticamente automático: pronunciamientos de unidad, defensa del mandatario sinaloense y cuestionamientos a la veracidad de las versiones. Hoy, el escenario es distinto. 

Ya no se trata de filtraciones o especulaciones mediáticas, sino de una acusación formal. El silencio, en política, también comunica.

 Y en este caso, la reacción —o la ausencia de ella— de los mandatarios estatales del oficialismo podría marcar una línea clara entre la disciplina partidista y la necesidad de deslindarse ante un tema de alto costo público.

 El episodio también revive un viejo dilema en la relación México–Estados Unidos: ¿hasta qué punto las investigaciones judiciales del vecino del norte terminan influyendo en la vida política interna del país? Casos anteriores han demostrado que las cortes estadounidenses no sólo procesan individuos, sino que pueden alterar equilibrios políticos completos. 

Para el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, el momento no podría ser más delicado. Con una agenda cargada —que incluye la revisión del T-MEC y la antesala de las elecciones de 2027—, cualquier señal de debilitamiento institucional o de presuntos vínculos con el crimen organizado puede ser utilizada tanto por la oposición como por actores internacionales. 

Más allá de la presunción de inocencia, que debe prevalecer, el costo político ya está en marcha. Morena, como partido en el poder, enfrenta el desafío de mantener su narrativa intacta en medio de acusaciones que golpean directamente a uno de sus gobernadores. 

La historia reciente ha demostrado que en política no sólo importa lo que ocurre en los tribunales, sino cómo se administra la percepción pública. Y en este caso, la percepción ya empezó a moverse.




ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA DE NUEVA YORK EN CONTRA DE RUBÉN ROCHA UN DURO GOLPE POLÍTICO PARA EL GOBIERNO

abril 29, 2026


EL SENADOR ENRIQUE INZUNZA ESTÁ DENUNCIADO TAMBIÉN.

FUENTE DE PODER. Merlín.

La acusación desclasificada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y un grupo de nueve funcionarios y exfuncionarios, no es un episodio más en la larga historia de señalamientos entre México y Estados Unidos: es un punto de quiebre político que amenaza con reconfigurar la narrativa de seguridad, la relación bilateral y el tablero electoral rumbo a 2027.






 El anuncio, encabezado por el fiscal Jay Clayton y respaldado por la Administración para el Control de Drogas bajo el mando de Terrance C. Cole, coloca en el centro de la escena un señalamiento de alto voltaje: la presunta existencia de una red de complicidad institucional que habría facilitado las operaciones del Cártel de Sinaloa desde el poder estatal. Más allá de la gravedad jurídica —que incluye cargos por narcotráfico, conspiración y delitos relacionados con armas— el golpe es eminentemente político.

 Porque no se trata de un exgobernador, ni de un actor marginal, sino de un mandatario en funciones emanado de Morena, el partido que ha construido su legitimidad en buena medida sobre la promesa de erradicar la corrupción y pacificar al país. El impacto inmediato alcanza a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta así una de sus primeras grandes crisis internacionales, en un terreno particularmente sensible: la seguridad y la cooperación con Estados Unidos.


 La acusación no sólo cuestiona la integridad de un gobierno estatal, sino que abre la puerta a dudas más amplias sobre los mecanismos de control, supervisión y combate a la infiltración criminal en las estructuras públicas mexicanas. Y el momento no podría ser más delicado. 

En el horizonte cercano se encuentra la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un proceso donde la confianza entre socios es un activo indispensable. Washington podría utilizar este caso como argumento para endurecer su postura en temas que van más allá del comercio, incluyendo cláusulas relacionadas con seguridad, Estado de derecho y combate al crimen organizado. En términos políticos internos, el daño para Morena es potencialmente profundo.

 El partido llega a la antesala del proceso electoral de 2027 —donde estarán en juego gubernaturas clave y la mayoría en la Cámara de Diputados— con un flanco vulnerable que la oposición difícilmente dejará pasar: la narrativa de la “cuarta transformación” enfrentada a acusaciones de colusión con el narcotráfico en uno de sus bastiones.


 El caso también revive una constante incómoda en la relación México-Estados Unidos: la judicialización extraterritorial de figuras políticas mexicanas. Aunque el principio de presunción de inocencia sigue vigente —y el proceso, a cargo de la jueza Katherine Polk Failla, apenas comienza— el efecto mediático y político de una acusación de este calibre es inmediato y difícilmente reversible en el corto plazo. Sinaloa, descrito en la investigación como un nodo estratégico del narcotráfico global, vuelve así al centro del debate.

 No sólo como territorio, sino como símbolo de una problemática estructural: la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en las instituciones.

 La gran pregunta es si el gobierno federal optará por cerrar filas en defensa política o por marcar distancia y abrir espacio a investigaciones internas que contengan el daño.

 Lo que está en juego no es sólo la suerte de un gobernador, sino la credibilidad de un proyecto político completo, en un momento en que México necesita, más que nunca, certidumbre frente a sus socios y frente a sí mismo.

EE. UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

abril 29, 2026

NUEVA YORK.– En un hecho sin precedentes que sacude la relación bilateral en materia de seguridad, autoridades de Estados Unidos anunciaron la desclasificación de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por el fiscal federal Jay Clayton, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA). 

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían conspirado con líderes del crimen organizado para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político. Presunta red de complicidad institucional El documento judicial sostiene que la operación del Cártel de Sinaloa habría contado con protección desde estructuras del poder estatal, lo que permitió su expansión y operación con relativa impunidad. Entre los señalados se encuentran funcionarios en activo, exintegrantes del gabinete estatal y miembros de corporaciones de seguridad. Destaca también Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien enfrenta cargos adicionales por el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.


 Las autoridades estadounidenses subrayan que esta red de corrupción habría sido clave para garantizar rutas seguras de tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos. Señalamientos contundentes Durante el anuncio, el fiscal Jay Clayton afirmó que el caso evidencia el papel de funcionarios públicos en el fortalecimiento del narcotráfico: “Las organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tal nivel de éxito sin la complicidad de funcionarios corruptos. No importa su cargo, serán llevados ante la justicia”. 

 Por su parte, el titular de la DEA, Terrance C. Cole, calificó al grupo criminal como una organización altamente peligrosa que ha infiltrado instituciones públicas mediante sobornos y coerción. Sinaloa, eje del tráfico internacional La investigación describe al estado de Sinaloa como un punto estratégico dentro del narcotráfico global, conectando la producción de cocaína en Sudamérica con redes de distribución en Estados Unidos, mediante estructuras logísticas protegidas por funcionarios corruptos. Proceso judicial en curso El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Los acusados enfrentan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, los cuales podrían derivar en penas severas, incluyendo cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables. Este proceso marca uno de los episodios más delicados en la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, al involucrar directamente a una administración estatal en funciones. Cabe señalar que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en un tribunal.

Cumplimenta FGE orden de aprehensión por homicidio en razón de parentesco en Puebla

abril 29, 2026




 Como resultado de actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jairy Yazbek N., de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de un menor de edad, hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

 De acuerdo con las indagatorias, el 25 de abril de 2026, la hoy imputada salió de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad, dejando solo a su hijo menor de edad durante varias horas. Durante este tiempo, el niño quedó en estado de abandono, lo que derivó en que, al encontrarse sin supervisión, cayera desde una ventana del cuarto piso del inmueble.

 El menor fue auxiliado por vecinos del lugar; sin embargo, posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas. Derivado de estos hechos, el 28 de abril de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la probable responsable, en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, en la ciudad de Puebla. 

 La orden fue emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, ante quien la imputada fue puesta a disposición para que se determine su situación jurídica conforme a derecho. La Fiscalía General del Estado mantiene acciones firmes para investigar hechos que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el acceso a la justicia.

Mantiene crecimiento Planta Procesadora de Carne de Altosano-Granjas Carroll

abril 29, 2026

 












 A sus 7 años de inicio de operaciones en México Oriental, Puebla 29 de abril 2026.- Tras 7 años de operaciones de la Planta Procesadora de Carne de Cerdo -PPCC- de la empresa Altosano-Granjas Carroll, ha logrado duplicar el número de empleos (directos e indirectos), procesar 30 mil cerdos semanariamente, además de comercializar la carne procesada y certificada como “Calidad Suprema”, el 88 % en México y el 12 % en el extranjero. La Planta Procesadora es la más moderna y grande de Latino América y cuenta con la certificación Tipo Inspección Federal -TIF- con número 732, que otorga SENASICA 




-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria-, y significa que la carne cuenta con el sello de inocuidad y calidad, bajo estrictas normas de higiene, lo que garantiza que es apta para el consumo humano bajo los estándares más altos nacionales e internacionales. Además de las anteriores certificaciones se tienen también la ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001, así como Safe Quality Food, el Distintivo como ESR, Cloverleaf-Animal Welfare y SEDEX-SMETA -por Responsabilidad Social-. Actualmente la PPCC cuenta con 1 mil 4 colaboradores de los cuales 814 son sindicalizados y 190 no sindicalizados, cuando en febrero del 2019 se inició con 523 trabajadores, que perciben salario por arriba del mínimo y cuentan con todas sus prestaciones de ley. 


Cada uno de los procesos al interior de la Planta cuentan con el trabajo comprometido de los colaboradores en cada una de las áreas que son las de sacrificio; recuperación de vísceras comestibles y no comestibles; cortes primarios y secundarios; cortes de valor agregado; empaque de producto, almacenamiento y embarques.

 Es importante precisar que el cuidado del medio ambiente y la sustentablidad son parte prioritaria en Altosano-Granjas Carroll y en la PPCC se tiene una planta tratadora de agua residual, laguna de evaporación aerobia y una planta generadora de energía eléctrica a base de gas natural.

 En cuanto a la carne, la marca “ALTOSANO”, cuenta con la certificación de “Calidad Suprema” y sus productos son en Cortes Primarios: cabeza, pierna, espaldilla, tocino, lomo, filetes y costillas.

 Los Cortes Secundarios son los derivados como papada; pierna deshuesada y desgrasada o porcionada; espaldilla deshuesada y desgrasada; caña de lomo; costillas Back Rib y Saint Louis; tocinos deshuesados y descuerados, así como sus respectivos huesos, cueros y recortes de cueros y grasas. La comercialización de los productos de Altosano-Granjas Carroll se hacen en Estados Unidos, Canadá y Asia, y en México en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, CDMX, Coahuila, Guadalajara, Michoacán, Mérida, Nuevo León, Tabasco.
 
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