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15 de noviembre de 2018

Plantea Morena prohibir asesorías privadas


Monreal propondrá una reforma para prohibir al Gobierno la contratación de asesorías privadas, pues en 5 años se han pagado más de 280 mmdp.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propondrá una reforma para prohibir al Gobierno la contratación de asesorías privadas.

De acuerdo con la iniciativa, durante los primeros cinco años de esta Administración, se han desembolsado con cargo al bolsillo de los ciudadanos más de 280 mil millones de pesos en la contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos.

Estas asesorías han representado un gasto anual promedio de más de 56 mil millones de pesos, erogados para pagar a despachos, asesores o consultorías en materia de derecho, contaduría, auditoría, arquitectura, ingeniería, diseño, administración, ciencia, publicidad, mercadotecnia y comunicación entre otros.

En la exposición de motivos, Monreal sostiene que el Plan de Austeridad propuesto por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, establece que no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que pueden hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

La intención de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es aprovechar las capacidades técnicas y profesionales de cada dependencia, pero también de las universidades e instituciones académicas públicas que estén capacitadas para brindar asesorías.

En el proyecto se señala que las dependencias y entidades se abstendrán de contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones cuando los productos de esos servicios puedan ser realizados por los funcionarios de esas instituciones.

También se propone que la contratación de esos servicios pueda realizarse con instituciones públicas de educación superior, centros o institutos públicos de investigación, siempre y cuando acrediten que cuentan con las capacidades para prestarlos.

De manera excepcional se plantea que esos contratos pueden realizarse con otros entes y organizaciones, pero la decisión deberá estar fundada y motivada.
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