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18 de noviembre de 2018

Investigan a textileros por lavado y contrabando

La PGR acusó a empresarios y “factureros” de lavar dinero procedente del contrabando de telas, las cuales eran importadas de China, reetiquetadas en Estados Unidos y luego introducidas a México al amparo del TLC.

Se trata de un caso que deriva de una denuncia que EU presentó en México desde 2012 en contra de una de las redes más importantes en el contrabando de textiles, pero que en el País las autoridades tardaron cinco años en llevar a los tribunales.

El 27 de octubre de 2017 el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó la aprehensión de nueve implicados por el lavado de 9.5 millones de pesos provenientes del supuesto contrabando y presuntamente triangulados por una empresa “facturera”.

A cuatro de los señalados se les dictó formal prisión, pero obtuvieron libertad provisional. Cuatro más están prófugos y uno permanece en prisión.

En el 2009, la empresa Comercializadora y Maquiladora Avan registró depósitos por 594 millones 264 mil 200 pesos y retiros por 594 millones 937 mil 623 pesos. Ese año no presentó su declaración anual de impuestos ante la Secretaría de Hacienda.

Sus socios accionistas eran Prócoro Islas Domínguez y Lizbeth González Pérez, esta última también administradora única y detenida desde antes de que la PGR la acusara de este caso de lavado.

La relación de Avan con la importación de textiles saltó a la vista cuando en el 2012 Alejandro Escalera Cárdenas, contrabandista ex convicto en México y Estados Unidos, reveló a la PGR que dicha empresa era uno de los clientes a quienes prestaba sus servicios ilegales.

Escalera se hizo testigo colaborador de las autoridades y dio una larga lista de empresarios y compañías mexicanas para quienes operaba el contrabando textil, sin embargo, no testificará más ante autoridad alguna porque falleció en 2015.

De acuerdo con una causa judicial, la PGR presume que en 2009 Comercializadora y Maquiladora Avan hizo transferencias bancarias por 9 millones 481 mil pesos, del total de sus ingresos de las operaciones ilícitas de importación de mercancías.

Según el expediente, la compañía dispersó esa suma en favor de los hermanos Jaime y José Manuel Gonzaga Charola, Roberto Tenorio Navarro y Víctor Manuel Duarte Espinoza, sin tener una relación comercial o laboral alguna con ellos.

Después, Jaime Gonzaga Charola transfirió 3 millones 379 mil pesos a Antonio Karam Haddad, Alejandro González Sámano y Alejandro y David Rassam Baroudi, quienes eran accionistas de las empresas Los Reyes La Paz, Rassam Inter, Samarak y Aledavan.

En el mismo año, estas cuatro compañías y sus participantes recibieron otros 2 millones 899 mil pesos de José Manuel Gonzaga; 2 millones 160 mil de Duarte Espinosa; y 1 millón 43 mil pesos de Tenorio Navarro.

Tanto la Secretaría de Hacienda como la PGR establecieron que el dinero fue depositado de manera injustificada, ya que entre ellos tampoco existía una relación comercial o contractual.

El 10 de enero de 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Comercializadora y Maquiladora Avan en su "lista negra" de empresas "factureras" o emisores de facturas de operaciones simuladas.

En junio de 2016 REFORMA publicó que seis años antes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) armó un esquema financiero para cobrarle comisiones ilegales a las empresas que prestaban dinero a los profesores.

Crédito Maestro, Maayane, Kondinero, Consupago y Homex pagaron esas comisiones y una de las personas que las recibía para distribuirlas entre líderes magisteriales era Jaime Gonzaga Charola, indican algunos correos electrónicos citados. Uno de los implicados, que fue detenido, confirmó esta trama.

El 27 de octubre de 2017 el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad ordenó la aprehensión de nueve implicados por el lavado de 9 millones 481 mil pesos provenientes del supuesto contrabando y presuntamente triangulados por una empresa "facturera", según la causa penal 47/2017.

Antonio Karam Haddad, Alejandro González Sámano y David Rassam Baroudi se presentaron voluntariamente a rendir su declaración y el 22 de abril pasado les dictaron la formal prisión, aunque les concedieron la libertad provisional.

Los Gonzaga, Roberto Tenorio y Prócoro Islas están prófugos, mientras que Lizbeth González es la única que permanece presa.

En tanto, Alejandro Rassam obtuvo el cambio de medida cautelar y también sigue su proceso en libertad, según informes judiciales.

La defensa de cuatro de los procesados por este caso de lavado por contrabando de textiles rechazó haber blanqueado capitales y aseguró que los depósitos que recibieron de los hermanos Gonzaga Charola eran cheques endosados a terceros que capitalizaron a una empresa para construir una plaza comercial en Los Reyes La Paz.

Gerardo Domínguez, defensor de Antonio Karam, Alejandro González, Alejandro y David Rassam, cuestionó la acusación de la PGR porque ni siquiera la totalidad de los inculpados se dedican a la industria textil.
Fuente: Reforma|Foto especial.
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