El presidente electo aseguró que el juicio a expresidentes, la Guardia Nacional y otras propuestas serán motivo de plebiscito
Ciudad de México.- A ocho días de rendir protesta como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya enfrenta el reproche de la oposición, empresarios y de la ciudadanía que lo eligió con un triunfo avasallador en las urnas. ¿El motivo? La ambivalencia con la que aborda el desarrollo de sus propuestas, que ahora se reducen a temas de consulta.
Durante su encuentro con periodistas, el presidente electo ha sido cuestionado sobre varias de sus declaraciones con relación a los referéndums que planteó para proyectos que forman parte de sus 25 prioridades para su sexenio.
En una reciente entrevista con Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denise Maerker, Leopoldo Gómez, Raymundo Riva Palacio, René Delgado y Leo Zuckermann, el originario de Macuspana fue cuestionado sobre cómo en campaña prometía que “en un plazo de seis meses devolvería al Ejército a los cuarteles”, o su insistencia en que “las Fuerzas Armadas no están preparadas para atender tareas de seguridad pública y que esa no es su función”.
Sin embargo, aseguró que él jamás había emitido esas aseveraciones e incluso “invitó” –más en tono de reto– a Joaquín López Dóriga a que buscara en qué spot propagandístico, evento público o entrevista durante el periodo de campañas lo había señalado, pese a que existe la evidencia en video de que en reiteradas ocasiones el presidente electo lo manifestó.
La declaración generó críticas y también afectó a la popularidad de López Obrador, ya desgastada por la controversia generada por la cancelación del NAIM tras una consulta calificada como tendenciosa y con “la balanza inclinada” hacia lo que él esperaba, como se le reprocha que consultará el Tren Maya y la construcción de una refinería en Tabasco, pese a que los proyectos ya contarían con recursos, licitaciones y hasta espacios físicos.
Así es como el tema de las consultas ciudadanas le ha traído conflictos –sin importar su defensa de que estos mecanismos serán clave para la creación de una democracia participativa–, y López Obrador anunció ayer, en otra entrevista con la periodista Azucena Uresti, que prevé para el 21 de marzo de 2019, ya como Presidente, que se hayan logrado las reformas al Artículo 35 constitucional para realizar una consulta a una de sus principales promesas: juzgar a expresidentes en el marco de su cruzada para acabar con la corrupción.
A la par de este tema, también se consultaría la creación de la Guardia Nacional y la creación de un Consejo Asesor Empresarial, con la intención de que la iniciativa permita un intercambio de puntos de vista para fortalecer la llegada de nuevas inversiones y poner freno a la volatilidad de los mercados. El presidente electo reiteró que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien haría los plebiscitos.
De esta manera, a una semana de que López Obrador se convierta en el primer Presidente de izquierda, los principales ejes de la “cuarta transformación” se resquebrajan y pierden su impacto para reducirse a temas de consulta, que por supuesto han detonado que la oposición ya lo califique como el primer síntoma de un pacto de impunidad en favor de todo lo que el morenista juró resolver.
PACTO DE IMPUNIDAD
Organizaciones civiles, la dirigencia nacional del PAN y diputados y senadores de oposición reprobaron el argumento de López Obrador, quien señaló que “perseguir a corruptos del pasado desestabilizaría al país”, por lo que acusaron que el presidente electo habría aceptado un “pacto de impunidad”.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, aclaró que combatir la corrupción sí desestabiliza, pero a un sistema, no a un país.
“La pregunta central es: desestabiliza a quién, protege a quién, debilita a quién. ¿Qué sabe el presidente electo que no quiere compartir?”, comentó.
Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, aseguró que la declaración revela el “pacto de impunidad” que mantiene el morenista con el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por su parte, legisladores de oposición criticaron que en campaña López Obrador aseguró castigar la corrupción y a días de asumir el cargo de Presidente desista de juzgar la malversación de recursos públicos de sus predecesores.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, demandó a López Obrador aplicar la ley de manera irrestricta y sin dedicatorias con respecto a casos de corrupción.
Por otro lado, otra de sus declaraciones que ha de- satado polémica es la que dio en la entrevista de ayer a Azucena Uresti, donde aseguró que tenía una “consideración especial” con el presidente Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en el proceso electoral del 1 de julio.
GUARDIA NACIONAL LA GRAN INCÓGNITA
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional será aprobada el próximo año, por lo que los recursos para su funcionamiento no formarán parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.
“Veo complicado que ya venga el presupuesto adecuado para la Guardia Nacional en el 2019, pero también hay que decir que, como es una reorganización o partes que ya están funcionando en el Ejército, en la Marina, en la Policía Federal, van a ser readscritos a la Guardia Nacional (...) va a haber una reasignación una vez que sea aprobada la Guardia Nacional”, reiteró.
Sobre la consulta anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el morenista indicó que desconoce si esta se llevará a cabo antes o después de la aprobación de la reforma, mientras que Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una opinión consultiva sobre la creación de la Guardia Nacional, antes de que el Congreso dictamine la iniciativa de reforma constitucional que la crearía jurídicamente.
“Obligado que haya una aplicación de los controles de convencionalidad y las obligaciones internacionales de México, porque el cambio constitucional también lo que hace es de alguna manera desplazar el rol de la Corte como vigía del cumplimiento de la legalidad”, concluyó.Agencias
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