SOBRE CONSULTA PÚBLICA EN TORNO AL NAIM.
Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario del Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, solicitaron al equipo de transición del Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para que con transparencia y objetividad, aclare la base de la legalidad, así como la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Rocío García Olmedo, Josefina Hernández, Javier Casique Zárate y Nibardo Sánchez indicaron que es importante se informe qué parte y monto del presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y será usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de resultados de la consulta para el NAIM y que de no ser utilizado dicho recurso, se transparente el origen de los mismos para la realización del mencionado ejercicio, anunciadamente definitorio de decisiones de política pública, en sus distintas etapas.
De cara a la consulta popular que se realizará del 25 al 28 de octubre en a través de mil 73 mesas dispuestas en 538 municipios de los 32 estados del país, lo cual representa a un número reducido de municipios, los legisladores priistas consideraron que el NAIM representa una de las obras de infraestructura de mayor importancia de los últimos años para al país y constituirá uno de los aeropuertos más importantes y modernos del mundo.
Esta magna obra planeada hace más de 20 años dará cause a la creciente demanda de vuelos a la capital y resolverá la saturación del actual aeropuerto, la cual ha derivado en pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despegue de las aeronaves, y molestias en los pasajeros por el tiempo de espera.
A lo largo de su campaña, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador se manifestó por la cancelación de tan importante proyecto argumentando un alto costo para el erario y la inviabilidad del terreno en el que se generan las obras, proponiendo como alternativa la modernización del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la habilitación con dos pistas de la Base Militar de Santa Lucía.
Sin embargo, el próximo titular del Ejecutivo ha señalado que la decisión sobre el futuro del NAIM debe ser tomada por todos los mexicanos, por lo que ha propuesto la realización de una “consulta ciudadana”.
A pesar de la información divulgada por los integrantes de la próxima administración, quedan aún comentarios e incógnitas, tanto técnicas como políticas, por resolver acerca de tan importante proceso.
En primera instancia, los argumentos en favor de la cancelación de la obra carecen de fundamentos, ya que más de 60 estudios demuestran la factibilidad aérea, técnica, ambiental e hidráulica del proyecto. El proyecto cuenta con el aval de 23 instituciones, entre las que destacan el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Massachusetts Institute of Technology Research Establishment y la International Air Transport Association.
Asimismo, el costo total del NAIM será de 13 mil 300 millones de dólares (258 mil millones de pesos), de los que el 70% se encuentran fondeados por el sector privado y poco menos del 30% es aportación del Gobierno Federal. Es un proyecto autofinanciable, en el que el Gobierno Federal recuperará el capital invertido y mantendrá en su poder dicha infraestructura. Participan en su construcción 321 empresas, la mayoría mexicanas.
Por otra parte, es necesario recordar que contamos con un marco normativo para la realización de las “consultas ciudadanas”; nuestra Constitución Política reconoce en su artículo 35, fracción VIII, el derecho de los ciudadanos a votar en dichos ejercicios, así como las bases a las que se deberá apegar su realización:
Deberán de ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras y los ciudadanos en un número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal.
Serán vinculatorias cuando la participación total corresponda al menos al 40% de la lista nominal.
El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
Se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.
Es claro que la metodología propuesta por el equipo de la administración federal entrante, dista de enmarcarse en la normatividad prevista para las consultas populares, por lo que su validez y vinculación institucional carecen de firmeza legal.
En primera instancia, el ejercicio es financiado y organizado por el propio equipo de transición o integrantes de MORENA, lo que deja en duda la imparcialidad de la consulta en sí misma.
Ello implicaría que a los resultados de este ejercicio informal, el Presidente Electo podría darle el sentido que más le convenga. Otra inquietud es la representatividad del mecanismo, ya que la cantidad de boletas que se prevé imprimir en su máxima cantidad implicaría menos del 1% del listado nominal de electorales, en comparación con el 40% que la ley solicita para hacer vinculante una decisión tomada por este mecanismo.
La continuidad de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México no debe definirse en una consulta sin la certeza legal que requiere una obra de esta magnitud.
Considerando la trascendencia y el impacto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, es imperativo hacer un llamado al equipo de transición para que la consulta a realizarse se apegue al marco constitucional y legal.
Su cancelación, a más del 30% de avance, implicaría pérdidas por alrededor de 100 mil millones de pesos a fondo perdido, además de acelerar el pago de la deuda por más de 150 mil millones de pesos. Aunado a la afectación que se generaría a la confianza y certidumbre jurídica de nuestro país, fundamentales para atraer inversiones y créditos.
Finalmente, los legisladores del PRI lamentaron que la Mesa Directiva de Congreso del Estado haya decidió suspender la sesión publica ordinaria, evitando abordar este importante tema.
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