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14 de octubre de 2018

El penoso inicio de la Cuarta Transformación

A 48 días del cambio de gobierno, las presiones aumentan sobre el presidente electoCiudad de México.- A poco más de un mes de su toma de protesta, Andrés Manuel López Obrador resiente presiones cada vez más fuertes.

Algunos de los grupos que lo apoyaron en campaña exigen que cumpla promesas como derogar la reforma educativa, cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto y cambiar radicalmente la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia.

Diferencias internas

Machete en mano, los líderes de las comunidades afectadas por las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) advierten que no permitirán que se concluya la obra, descalifican la consulta convocada por el presidente electo y enumeran los daños sufridos y por venir en caso de que el proyecto se concrete.

Es miércoles 3 de octubre. Hablan recio, blandiendo machetes adornados con una estampa de un avión cruzado por un símbolo vial en color rojo: “prohibido”.

Esto lo hacen frente a siete altos funcionarios de la próxima Administración federal.
“No nos preguntaron si queríamos un proyecto de muerte; hoy quieren consultarnos, fuera de tiempo, fuera de la ley”, dice Felipe Álvarez, veterano luchador de los Pueblos en Defensa de la Tierra.

“Quisiéramos creer que deveras se va a hacer justicia, que deveras Andrés Manuel López Obrador va a cumplir su palabra de suspender este proyecto aeroportuario.

“No puede ser que ustedes le estén dando la atención más al ramo empresarial que a los pueblos que eligieron a este nuevo Gobierno, que ustedes permitan que ellos tengan todo mientras nosotros nos quedamos con nada”, advierte.

Contagiados por los activistas y sus tres horas de argumentos sobre extractivismo, deforestación, desecación, engaños y presiones a los comuneros, los colaboradores del Presidente electo se ponen de su lado y, uno a uno, va sumando –desde su ámbito de responsabilidad– razones para no concluir la obra.

Aunque Jiménez Espriú busca salvar la consulta, programada para los próximos 25, 26, 27 y 28 de octubre, el veredicto es unánime: “Lago sí, proyecto no”.

Mientras se desarrollaba esta reunión, en el salón de un hotel un grupo de inversionistas estaba reunido con el empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia.

“El aeropuerto va porque va”, les dice el colaborador de AMLO, según trascendió en columnas políticofinancieras.

Romo defiende el NAIM, el proyecto defenestrado por su candidato durante los tres meses de campaña, y que según el Grupo Aeroportuario –entidad responsable de construirlo–, ya registra un avance del 31 por ciento.

Fuertes resistencias

Antes de instalar un plantón frente a la oficina de transición de López Obrador, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Cultura pregunta: “¿por qué Tlaxcala?, ¿a quién consultaron para decidir eso?”.

Los sindicalizados llegaron ahí el 9 de octubre, buscando al presidente electo y a su próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, pues consideran arbitraria la decisión de mudar la dependencia, creada apenas en diciembre de 2015.

“A más de dos años de creación de esta Secretaría de Cultura, no tenemos condiciones generales de trabajo que definan cuál va a ser la relación entre las autoridades y los propios trabajadores”, acusa María de los Ángeles Medina, dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Los trabajadores fueron recibidos por el equipo del Gobierno electo, pero recibieron como respuesta la imposibilidad legal de ser atendidos. Al día siguiente llevaron sus protestas a las oficinas administrativas de la Secretaría, en Paseo de la Reforma. Quieren blindar sus plazas y sus prestaciones, antes de un traslado.

Austeridad

El 15 de julio, dos semanas después de ser electo, López Obrador anunció “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”, un documento que fluctúa entre una nueva Ley de la Administración Pública y un código de ética para los funcionarios de “la cuarta transformación”.

Del “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” –pregonado en campaña–, se pasó a un instructivo que detalla cómo debe comportarse la burocracia; desde no recibir regalos de más de 5 mil pesos y no ir a fiestas o convivios sociales en los que se pueda incurrir en conflicto de interés, hasta tratar con amabilidad y respeto al ciudadano solicitante de algún servicio o trámite.

Pero los lineamientos contienen, también, medidas de recorte y austeridad que han sido cuestionadas por funcionarios y exfuncionarios públicos, y expertos en Administración Pública.

Las más polémicas son la reducción de los salarios por debajo de lo que gane el Presidente (AMLO ha dicho que ganará 108 mil pesos mensuales, sin compensaciones), la eliminación de bonos y compensaciones, prestaciones, seguros de gastos médicos y el recorte del 70% de todas las plazas de confianza en cada una de las dependencias.

A finales de septiembre, un grupo de funcionarios y exfuncionarios hizo público el documento Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana, en el que argumentan la inviabilidad del recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza.

Sobre los salarios, el grupo sugiere reconsiderar el monto que ha establecido el presidente electo, pues aplicar este como límite máximo tendría un impacto negativo en toda la APF: se desincentiva la participación de personal calificado en el servicio público.



Terca realidad

La intención de López Obrador de poner a consulta su futura política educativa choca con la realidad.

Faltando todavía 11 estados en donde se realizarán los foros, la consulta Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación ya se enfrentó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que urge la eliminación de la reforma educativa sin la necesidad de terminar los foros.

La primera señal fue el 19 de septiembre, cuando se realizó el Foro Estatal de Consulta Participativa en Zacatecas, integrantes de la Sección 58 de la CNTE abuchearon al delegado especial de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Impidieron que terminara su participación en el evento encabezado por el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Luego, el 4 de octubre en Michoacán, la disidencia magisterial tomó el control del foro y echó del evento al secretario estatal de Educación, Alberto Frutis.

De acuerdo con especialistas, a menos de dos meses de la toma de posesión, hay un rompimiento entre el tabasqueño y la Coordinadora, que pone en riesgo no sólo los foros, sino el control de la política educativa del nuevo Gobierno.

Alcance incierto

Arrancaron con amplia expectativa, entre bombo y platillo, pero terminaron con cancelaciones y sin claridad sobre su utilidad y alcance.

Los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación fueron convocados por el presidente electo como parte de una consulta nacional para elaborar la nueva estrategia de combate a la inseguridad y el crimen.

Según la plataforma de la Consulta Nacional, se agendaron inicialmente 26 foros regionales, además 11 consultas a personas en reclusión, nueve a migrantes y refugiados, y cuatro consultas extendidas a comunidades.

Desde el primer ejercicio, que se realizó el 7 de agosto en Ciudad Juárez y fue inaugurado por López Obrador, predominaron los reclamos airados de justicia por parte de familiares de víctimas de desaparecidos y la polémica por la propuesta de amnistía y “perdón” del próximo Gobierno.

“Yo no vi que hubiera un ejercicio de sistematización de la información, me pareció que fue un ejercicio más bien de catarsis, que es necesaria, pero no suficiente”, considera Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

A la fecha se han realizado 15 foros regionales, además de uno con organizaciones civiles y uno con periodistas.

El 7 de octubre, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó la cancelación de los foros programados para Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, con el argumento de que se requiere tiempo para sistematizar todas las propuestas recogidas.

Organizaciones señalaron deficiente organización y criticaron la metodología para recoger y sistematizar las propuestas; víctimas acusaron falta de sensibilidad, y expertos dudaron no sólo de que sirvan de insumo para diseñar la estrategia, sino también del argumento para cancelarlos.

Reforma

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