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19 de septiembre de 2018

FALLO DEL TEPJF GOLPEA CREDIBILIDAD DE MEAH, PERO PODRÍA NO SER SUFICIENTE PARA FAVORECER A MORENA

CUITLATLÁN.
POR FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
Sin duda el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar un recuento –de voto por voto, casilla por casilla– de la elección de gobernador de Puebla es un golpe mortal a la credibilidad del supuesto triunfo de la aspirante panista Martha Érika Alonso Hidalgo. Sin embargo, se debe ver con ciertas reservas porque esta medida tal vez no podría alcanzar para –por ahora– conseguir anular los comicios o reconocer como ganador al candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

La decisión de hacer un recuento de una elección de gobernador es un hecho inédito en la historia política del país y es consecuencia del robo de casillas a mano armada, la alteración de actas de escrutinio y de paquetes electorales, así como de una compra masiva de votos en los comicios del 1 de julio, todo ello en beneficio del morenovallismo. Por tanto, si al final ganara Martha érika Alonso, llegaría a la titularidad del Poder Ejecutivo bajo la sombra ominosa del fraude electoral.

El mandato de hacer un recuento de la elección de gobernador es un triunfo del aparato jurídico de Luis Miguel Barbosa. Pero es necesario, al mismo tiempo, advertir las reservas del alcance de ese fallo con las siguientes consideraciones:


Primero: el magistrado que elaboró el proyecto del recuento es José Luis Vargas Valdés, quien es cuñado de Pater Bauer, uno de los litigantes electorales del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Por tanto, no debe descartarse que la orden del recuento pudiera ser una estrategia para buscar legitimar un triunfo que Martha Érika Alonso Hidalgo no consiguió en las urnas, sino al parecer en los laboratorios en los que se alteraron de los paquetes electorales.

Segundo: es importante tomar en cuenta que desde el Instituto Estatal Electoral habría existido una manipulación de los paquetes electorales, de tal manera que el resultado que se tiene en muchas actas de escrutinio de las casillas no coincide con las cifras de votos que están capturadas en el sistema de cómputo oficial del IEE.

Si el recuento del TEPJF no es lo suficientemente exhaustivo, no entra a la raíz de las anomalías, se corre el riesgo de que prevalezcan los números con que se le dio la constancia de mayoría a Martha Érika Alonso.

En la investigación que académicos de la Ibero –encabezados por Miguel Reyes– realizaron del resultado electoral, sustrajeron una muestra aleatoria de 12 por ciento de las casillas y se encontraron que el resultado de las actas de escrutinio no coincide con lo que aparece en el sistema de cómputo.

En términos generales, dicha investigación arroja que en 74 por ciento de las casillas, equivalente a 5 mil 524 puestos de votación, hubo operaciones para incorporar o retirar sufragios de los paquetes electorales relativos a la contienda por la gubernatura.

Cuando el 3 de julio, dos días después de los comicios, Morena descubrió y tomó por asalto una mapachera electoral del PAN –instalada en el MM Grand Hotel– trascendió que ese día se quería empatar los números de las actas con las cifras que aparecen en el sistema de cómputo, para borrar las evidencias del presunto fraude electoral.

La acción de Morena frenó esa operación de acomodo de cifras en la documentación electoral, pero se ignora si en los días posteriores se habría conseguido, sobre todo porque la autoridad electoral de Puebla no ha sido garantía de imparcialidad y actúa abiertamente a favor de los intereses morenovallistas.

Más allá de lo que pase, el fallo del TEPJF es una derrota del morenovallismo porque visibiliza que el 1 de julio hubo una operación fraudulenta.
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