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18 de septiembre de 2018

EXPERTOS EN REPRESIÓN POLÍTICA CONFECCIONARON LA LEY BALA DE RMV

CUITLATLÁN
POR FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
Expertos en represión política confeccionaron la ley bala de RMV
Se dice que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza Pública, mejor conocida como ley bala, habría sido elaborada en el despacho del general Rafael Macedo de la Concha, quien fue titular de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Vicente Fox Quesada y fue parte de los grupos secretos que encabezaron la llamada “guerra sucia” contra las guerrillas de los años 70 y 80, del siglo pasado.

Por esa razón dicho ordenamiento, que ayer fue abrogado en el Congreso local por iniciativa de los diputados del movimiento lopezobradorista, era un claro instrumento diseñado para reprimir a la disidencia política del morenovallismo.

De acuerdo a documentos encontrado en el Archivo General de la Nación, en 1978 el entonces joven militar Macedo de la Concha estaba bajo las órdenes del mítico Fernando Gutiérrez Barrios, quien era jefe de la inteligencia del gobierno federal– y era integrante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en donde operaban peligrosos represores como Miguel Nazar Haro o Antonio Zorrilla, el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía.


El paso por los pasillos oscuros de la DFS permitieron a Rafael Macedo de la Concha –quien era abogado de la UNAM y especialista en Derecho Militar– volverse en un experto en la represión de grupos opositores al régimen.

No en balde, cuando era titular de la PGR fue quien diseñó y ejecutó el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, en el año 2006, para intentar impedir que fuera candidato presidencial, empresa que finalmente fracasó por la presión de la opinión pública.

En el año 2014, a Moreno Valle le urgía tener un ordenamiento legal que respaldara el aparato represor de su gobierno que estaba dirigido hacia cuatro segmentos de la población:

Los opositores a los proyectos mineros de la Sierra Norte y la Mixteca poblana; contra la resistencia a la construcción del gasoducto Morelos, mismo que pasa por la zona de riesgo del volcán Popocatépetl; contra los agrupaciones políticas que no se dejaron controlar por el morenovallismo, y los grupos de campesinos afectados por expropiaciones o despojos de tierras.

La ley bala se confeccionó para que se tuviera un respaldo jurídico en el uso de armas de fuego, o de artefactos como las balas de goma, en contra de los movimientos populares que se opusieran a los proyectos empresariales o al despojo de tierras que se realizaron bajo la tutela del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

El principal promotor de la ley bala fue el temible Facundo Rosas, quien en 2014 –fecha en que se aprobó y promulgó la legislación en cuestión– era el secretario de Seguridad Pública de la administración morenovallista, el mismo que se fue de Puebla por la puerta de atrás y con absoluta impunidad cuando a un grupo de sus oficiales se les descubrió protegiendo a bandas de huachicoleros.

El entonces funcionario estatal fue quien se encargó de presionar y hacer un marcaje especial a los diputados locales para que, en menos de tres días, se aprobara dicha norma. Los legisladores que fueron los artífices de esa ley violatoria de los derechos humanos fueron: Susana Riestra Piña, Franco Rodríguez y Víctor León, los tres militantes del PAN.

Los diputados aceptaron dar paso a esa legislación, que en su redacción original permitía el uso de armas “letales” contra manifestantes en la vía pública, bajo el compromiso de que al otro día de ser aprobada el gobierno del estado presentaría los protocolos que se seguirían para calificar las protestas sociales y con base en esos criterios, establecer en qué caso se permitiría a la policía el uso de armas de fuego en contra de manifestaciones callejeras.

Una vez que se aprobó la ley bala Facundo Rosas nunca regresó al Congreso, nunca se elaboraron los protocolos de funcionamiento de la norma y unos meses más adelante –el 9 de julio de 2014– la Policía Estatal actuó con brutalidad, con una fuerza excesiva, contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan quienes legítimamente protestaban por el retiro del registro civil en las juntas auxiliares del estado.

El resultado de ese acto fue la muerte de un menor de 13 años, de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo, quien se volvió en el símbolo de la represión y provocó que Rafael Moreno Valle Rosas acabara con las manos manchadas de sangre inocente.

La muerte de este menor provocó la crisis más severa del gobierno morenovallista, que por la presión de la opinión pública nacional se vio obligado a mesurar el uso del aparato represor en contra de los “enemigos” del gobierno estatal.

Esa situación frenó en mucho las estrategias de “guerra sucia” que expertos en represión política habían elaborado a favor del morenovallismo.
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