CUITLATLÁN.
POR FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA.
En el hipotético escenario de que se concrete la imposición de la panista Martha Érika Alonso como gobernadora de Puebla, sería la titular del Poder Ejecutivo con la menor credibilidad, legitimidad y con la mayor crisis de gobernabilidad de los últimos 43 años. Sería la mandatario –o mandataria– más acotada en toda la historia moderna de la entidad.
De entrada, es preciso apuntar que ningún gobernador de Puebla ha llegado nunca al poder bajo la sospecha, o mejor dicho bajo la acusación y la creencia, de haber ganado mediante un fraude electoral y con un resultado inverosímil, ya que el domingo pasado PAN perdió todas las plazas importantes, pero quiere convencer –contra toda congruencia– de que va adelante únicamente en las votaciones del Poder Ejecutivo local.
Todos los gobernadores que han enfrentado competencia para llegar al poder, como son Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, han ganado de manera contundente y nunca, bajo ninguna circunstancia, cargaron el estigma a sus espaldas de que llegaron al poder mediante un fraude electoral.
Incluido Rafael Moreno Valle Rosas –esposo de Martha Érika Alonso–, quien en 2010 se convirtió en el candidato más votado en la historia del estado de Puebla y quien logró sacar al PRI de Casa Puebla.
A lo mucho que se llegaba era a la acusación de la oposición de que la elección había sido inequitativa.
Ahora Martha Érika Alonso tiene tatuada en la frente la infamia de que quiere ganar la gubernatura mediante un violento y burdo fraude electoral, que incluyó el uso de grupos armados robando casillas y con un resultado inverosímil, ya que de acuerdo a lo que se quiere hacer creer es que la gente únicamente sufragó por la candidata a la gubernatura, pero cambió de partido al votar por presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores y presidente de la República.
El peor saldo es que independientemente de que si Alonso asume o no el poder, el intento de imposición ha polarizado –como nunca– a una gran parte del electorado, pues una mayoría no acepta la versión de que va adelante en la contienda.
La última crisis severa de gobernabilidad de un mandatario fue hace 43 años, cuando dejó el cargo el represor Gonzalo Bautista O’Farrill, luego del asesinato del líder universitario Joel Arriaga Navarro.
El mandatario fue sustituido por Guillermo Morales Blumenkron, quien al dejar el puesto en 1975 acabó con la época avilacamachista que se caracterizaba por detentar el poder con prácticas caciquiles, violentas y atropellando la legalidad.
Luego de Blumenkron, llegó al cargo Alfredo Toxqui Fernández de Lara, quien pacificó el estado y frenó la confrontación entre grupos políticos de izquierda y derecha. Entre liberales y conservadores. Entre los defensores de la universidad crítica y plural y los partidarios de la educación superior conservadora.
Posterior al periodo de Toxqui, ningún gobernador ha llegado al poder bajo una crisis de gobernabilidad, de credibilidad y de legitimidad.
Mario Marín enfrentó –en 2006– la peor crisis de imagen, que llevó al PRI a perder la gubernatura en 2010, pero cuando llegó al poder era un personaje popular y que ganó su elección sin contratiempos.
Sin margen para nada
La obstinación de Rafael Moreno Valle Rosas de extender su poder e instaurar un maximato, a través de la imposición de su esposa, ha provocado una crisis –para el morenovallismo– que podría tener el siguiente saldo si se acaba cuajando el fraude electoral:
Martha Érika Alonso, si es gobernadora, no tendrá mayoría en el Congreso local, en donde los diputados de Morena llegarán con la firme idea de crear la Comisión de la Verdad, que pretende abrir todos los contratos y fideicomisos que creó Rafael Moreno Valle Rosas para ocultar deudas, costos exorbitantes de obras públicas y malos manejos del erario.
Tendría a todos los municipios importantes, incluidos la capital, gobernados por Morena, que abarcan al 60 por ciento de la población.
Legisladores y alcaldes de Morena podrían echar abajo la privatización del agua, así como los contratos privados para el manejo del alumbrado, hospitales, ambulancias y hasta desfiles cívicos que se impusieron en el morenovallismo y que representan el negocio de un puñado de inversionistas.
Por primera vez un gobernador de Puebla enfrentaría un Congreso local en manos de la oposición para hacerle un contrapeso y cambiarle el diseño del presupuesto estatal.
Y en el ámbito federal ocurriría lo mismo: Alonso tendría una raquítica interlocución en el Congreso de la Unión para gestionar fondos federales.
Tanto en el ámbito federal como local tendría un cuerpo de diputados evitando un manejo abusivo, discrecional o irracional del gasto público, tal como pasó en el gobierno de su marido, que no tenía ningún contrapeso.
Y por si lo anterior fuera poco, habría que preguntarse: ¿Rafael Moreno Valle Rosas la va a dejar gobernar sola, de manera independiente?
Al final, el propio Moreno Valle acabaría siendo otro obstáculo para que Martha Érika Alonso pudiera gobernar a partir de sus criterios personales.
Publicar un comentario