CUITLATLÁN.
POR FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
Se debe aclarar por qué la FGE prolongó la identificación de la candidata y regidora asesinadas
Como punto de partida para esclarecer los homicidios de Juana Iraías Maldonado Infante y de Érika Cázares, la primera candidata del PVEM y la segunda regidora del mismo partido, es necesario primero aclarar por qué la Fiscalía General del Estado (PGE) tardó unas nueve horas en identificar a las dos victimas y durante ese tiempo, no se hizo un esfuerzo por contactar a sus familiares, a sus conocidos, a los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México. Pareciera que alguien quería ganar tiempo para hacer algo no debido.
La opinión pública se conmocionó el sábado al conocerse la noticia de la doble ejecución, que habría ocurrido entre las 11 y las 12 de la noche del viernes en el municipio de Zihuateutla, luego de que las mujeres militantes del PVEM concluyeron un acto público a eso de las 10:30 de la noche en el municipio de Jopala.
El impacto de los asesinatos parte de tres aspectos fundamentales: la ola de violencia política desmedida que registra el actual proceso electoral; que en el caso de Juana Maldonado y Érika Cázares no se percibe que sus muertes fueran producto de un robo o una agresión sexual, y que ambas mujeres eran conocidas por impulsar el crecimiento del PVEM en la Sierra Norte, no se metían en conflictos sociales y políticos, además de ser bien estimadas por quienes las conocían.
Dentro de toda la información que se ha dado a conocer en este caso, hay un aspecto que no debe pasar desapercibido, que es el tiempo en que los familiares de manera circunstancial se enteraron de que ambas mujeres habían sufrido un acto delictivo. Para ello es necesario revisar estos datos:
“Juany”, tal como conocían a la candidata a diputada, llevaba una camisa o camiseta con su nombre y el cargo de elección por el que contendía. No le quitaron esa prenda durante la ejecución.
Lo mismo pasó con Erika Cázares, la regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, quien portaba una prenda que decía ser militante del PVEM.
Se dice que el vehículo en que viajaban tenía un microperforado con propaganda del Partido Verde Ecologista de México.
Además, a las dos activistas del Verde Ecologista les dejaron sus pertenencias. No se las robaron. Entre esos artículos estaban sus teléfonos celulares, que nunca dejaron de tener señal activa.
Los familiares de una de estas dos mujeres, como a eso de las 8:25 de la mañana del sábado, al ver que no había llegado a dormir le marcó a su teléfono celular.
Alguien le contestó y le pidió que acudiera a las oficinas regionales de la FGE en Xicotepec de Juárez, que es donde se hizo el reconocimiento de los cadáveres.
Tal situación plantea muchas sospechas de algo anda mal. Quedan al aire los siguientes cuestionamiento:
¿Por qué en la madrugada no se intentó contactar a los familiares o a conocidos de las victimas para identificarlas?
¿Si había muchos elementos de identificación con un partido político, no se activó al aparato político del Poder Ejecutivo para buscar a dirigentes, simpatizantes, conocedores de la militancia y los candidatos del Partido Verde Ecologista de México?
¿En caso de que los familiares no hubieran marcado al teléfono de una de las victimas, cuánto tiempo habría pasado para que de la FGE buscaran a los conocidos de las victimas del doble homicidio?
¿No acaso en una investigación de un asesinato lo fundamental es hablar con la gente cercana a la persona que le privaron de la vida?
Pareciera que en la FGE no se quería el pronto reconocimiento de los cadáveres.
Eso lleva a sospechar que algo malo se estaba cocinando en las oficinas de la FGE.
O simplemente, otra vez, se pone de manifiesto la negligencia de la Fiscalía General del estado para hacer una correcta investigación.
Algo común en esta dependencia, en la cual la prioridad de su titular, Víctor Carrancá, es jugar golf por las mañanas.
O estar de vacaciones cuando hay un proceso electoral en curso, el cual se destaca por la alta dosis de violencia política.
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