Es falso que se haya sancionado a servidores públicos por el desvío millonario, insiste.
La Coalición Por México al Frente reitera su exigencia a la Procuraduría General de la República para que informe, de manera precisa, su actuar respecto a las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivadas de los desvíos de José Antonio Meade durante su gestión al frente de la SEDESOL.
De acuerdo con los Informes de las Cuentas Públicas 2015 y 2016 de la ASF, durante la administración del hoy candidato del PRI se desviaron más de 500 millones de pesos hacia empresas fantasma, a través de la triangulación de recursos para los que utilizó a universidades públicas, a fin de evadir las licitaciones como lo exige la ley.
Los Partidos que integran la Coalición Por México al Frente consideramos que es de suma importancia que la autoridad competente actúe de manera imparcial e informe a la ciudadanía lo que ha hecho desde octubre de 2016, fecha en la que la ASF presentó las denuncias penales derivadas de estos hechos ilícitos desarrollados en la SEDESOL, a cargo del entonces Secretario, José Antonio Meade.
Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que informe sobre el seguimiento que ha dado a las responsabilidades detectadas durante la cuenta pública 2015 y 2016, así como a las denuncias presentadas por ellos mismos ante la PGR, para que todo México conozca qué ha pasado con este escándalo de corrupción en el que está involucrado el hoy candidato del PRI, Meade.
De igual forma, calificamos como una falsedad que se hayan sancionado a 468 servidores públicos de dicha dependencia en el periodo referido, como lo ha afirmado el equipo del hoy candidato del PRI.
En el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados no aparece, en ninguna parte, esta relación de 468 servidores públicos supuestamente suspendidos entre agosto de 2015 y septiembre de 2016 (http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/main.jsp). Tan solo hay algunas personas con negligencias administrativas y otras sanciones menores por otros temas, pero en ningún caso responsabilidad real ligada al caso de desvío de recursos públicos señalados, ni mucho menos responsabilidad penal que es lo que amerita el caso de daño patrimonial al estado mexicano.
Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación ameritan una investigación a fondo y deslinde de responsabilidades real de todos los funcionarios involucrados, incluyendo, por supuesto, al entonces Secretario Meade, por su responsabilidad en estos desvíos multimillonarios de recursos públicos, cuyos destinatarios debieron ser los sectores más desprotegidos del país.
Finalmente, advertimos que si la PGR no muestra avances en las investigaciones solicitadas se reconfirmará que el Gobierno Federal utiliza las instituciones del Estado Mexicano para atacar a sus opositores con fines político-electorales.
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