■ CUITLATLÁN. Por Fermín Alejandro García.
En unos días más –en diciembre para ser más precisos–,va a entrar en vigor la jubilación de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), lo cual ha despertado un ambiente de incertidumbre ya que se ignora quién elegirá a los nuevos integrantes del cuerpo colegiado del Poder Judicial, si la decisión recaerá en el gobernador José Antonio Gali Fayad o en el ex mandatario, Rafael Moreno Valle Rosas, quien se ha destacado por mantener un control férreo del TSJ.
Los tres magistrados que se van antes de concluir 2017 son: David López Muñoz, quien es miembros de la Cuarta Sala de los Civil; Enrique Flores Ramos, quien ha pertenecido a la Segunda Sala de lo Civil; y Manuel Nicolás Ríos Torres, quien es integrante de la Tercera Sala de los Penal. Su salida se debe a que acataron la norma de retirarse al cumplir 75 años de edad o 30 años de servicio en el Poder Judicial.
¿Por qué el reemplazo de esos magistrados genera incertidumbre en el Poder Judicial respecto a quién palomeará a los litigantes que ocuparán las plazas vacantes? La respuesta es muy sencilla: porque el cambio de gobierno, en febrero de este año, no significó que Rafael Moreno Valle Rosas dejara de tener un estricto control del Poder Judicial poblano.
Prueba de ello es que el cuestionado Roberto Flores Toledano sigue siendo presidente del TSJ, luego de que llegó a Puebla para hacerse cargo del Poder Judicial como una imposición de Moreno Valle, quien no permitió que fuera relevado luego de que concluyó su periodo como gobernador del estado.
Cuando José Antonio Gali Fayad asumió la titularidad del Poder Ejecutivo estatal tenía el proyecto de llevar a la presidencia del TSJ a Héctor Sánchez Sánchez, quien fue su síndico en el ayuntamiento de Puebla, situación que no permitió el morenovallismo, pues únicamente se cedió en que el ex servidor público municipal llegara al cargo de magistrado, pero no lo dejaron pasar para que se colocara a la cabeza del Tribunal Superior de Justicia, en donde se mantiene Roberto Flores Toledano.
Con esa situación, se rompió la regla no escrita de que el gobernador en turno influye para que la presidencia del TSJ recaiga en un magistrado de su absoluta confianza.
Rafael Moreno Valle se caracterizó por tener un control férreo, asfixiante, infame, del Poder Judicial. Una prueba de ello, es que provocó el cambio de 16 de los 24 magistrados del pleno del TSJ, para imponer a personajes que son afines al morenovallismo, sin importar que la mayoría no son de Puebla o carecen de la experiencia mínima para ser parte de la cúpula de dicho poder público, tal como ocurre con Flores Toledano.
Nunca antes había existido tantos cambios en el Poder Judicial. Cada sexenio a lo mucho, se renovaban 40 de los asientos del pleno del TSJ. Con el morenovallismo se buscó que casi todos los integrantes del cuerpo colegiado del Tribunal Superior de Justicia le deban el cargo a Rafael Moreno Valle.
Esa situación se extendió a enero de este año, cuando el Congreso nombró como magistrados a Gabriel Marcos Moreno Gavaldón y Raymundo Israel Mancilla Amaro, quienes eres recomendados de Martha Erika Alonso, la esposa de Moreno Valle, secretaria general del PAN y aspirante a ser candidata a la gubernatura.
Dichos cambios llamaron la atención porque lo normal es que esos nombramientos se hubieran aplazado un mes y se hubieran producido ya bajo la influencia del gobierno de Antonio Gali, tal como si ocurrió en el sexenio de Mario Marín Torres, quien –en los últimos dos meses de su gestión– se abstuvo de reemplazar a tres miembros del pleno del TSJ y permitió que ya fueran sustituidos hasta arrancar la administración morenovallista.
Queda claro que el Poder Judicial es un coto de poder que Rafael Moreno Valle no quiere abandonar, como si fuera de su propiedad. Por eso existe la incertidumbre si el ex mandatario seguirá haciendo sentir su actitud caciquil.
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