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20 de julio de 2017

Nadie sabe el uso que se da a 300 tabletas adquiridas por la Fiscalía General del Estado





■ CUITLATLÁN.Por Fermín Alejandro García.

Ahora que se están gestionando créditos y fondos extras para mejorar el equipamiento y el uso de tecnologías de los cuerpos policiacos de Puebla, sería oportuno que los diputados locales revisaran el destino de los recursos materiales otorgados a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues esta dependencia tiene fama de que ha recibido muchas tabletas especializadas para el uso del nuevo sistema de justicia penal, vehículos y armas, mismos que no se utilizan o tardan mucho en ser entregados a los usuarios. Una situación inexplicable, porque mucho del personal que ahí labora lo hace en condiciones precarias.

Un ejemplo de lo anterior es que recién que se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal fueron adquiridas 300 tabletas especializadas para el uso de la Policía Ministerial, las cuales fueron compradas por petición de Gustavo Luis Huerta Yedra, el fiscal de investigación regional, pero ahora nadie sabe el paradero de la mayoría de esos artículos electrónicos.

Un día después de que el cabildo de la ciudad de Puebla solicitó un crédito de 800 millones de pesos para mejorar la seguridad pública en la capital, se dio a conocer que con ese dinero se pretende comprar 600 tabletas para que los agentes de la Policía Municipal cuando detengan a alguien como responsable de un delito se puedan comunicar con esos aparatos a la FGE y se les guíe para que el proceso de presentación de los presuntos delincuentes antes el Ministerio Público se haga de manera correcta. Dicho planteamiento se anunció como una importante novedad de modernización de las corporaciones de seguridad pública.

Sin embargo, el uso de dichas tabletas ya había iniciado en la FGE, pero ahora se desconoce el empleo de la mayoría de dichos artefactos electrónico. Al revés, los agentes de la Policía Ministerial, sobre todo del interior del estado, se quejan frecuentemente que su labor la realizan con precariedad.

En algunas zonas de la entidad los policías ministeriales han manifestado que pueden pasar tres semanas y no reciben fondos para dotar de combustible a los vehículos oficiales de la FGE. De ahí que surgió la idea, entre el personal de la propia Fiscalía General del Estado, de que la gasolina incautada a huachicoleros sea utilizada para llenar los tanques de las patrullas.

Se sabe que desde hace tres años la FGE compró un número importante de vehículos, entre ellos varias camionetas, pero de manera inexplicable estuvieron los automotores por muchos meses –en dos diferentes estacionamientos– sin ser estrenados.

Hace no mucho un comandante de la Policía Ministerial asignado a una región alejada de la capital sintió gusto de recibir una camioneta nueva de la FGE, la cual es un vehículo equipado y para caminos de difícil acceso. El kilometraje del automotor, cuando se lo entregaron, apenas tenía unos cuantos kilómetros de recorrido. Su sorpresa creció cuando se dio cuenta que no era una pick up último modelo, como parecía, sino databa del año 2014.

Esos son algunos de los absurdos que ocurren en Puebla: por un lado se sufre una ola creciente de delincuencia y por otro se restringen los recursos económicos, materiales y humanos para combatir el crimen.
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