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3 de julio de 2017

Funcionarios de la SSP hacen negocios con 5 empresas ilegales de grúas






■ CUITLATLÁN.Por Fermín Alejandro García.

En cuatro de las principales vialidades de acceso a la ciudad de Puebla, por donde a diario circulan unos 350 mil vehículos, solamente pueden operar 5 empresas de grúas, las cuales tienen dos características muy peculiares: son compañías sin permisos locales ni federales para poder prestar dicho servicio, y utilizan corralones no autorizados, que no tienen un certificado oficial que avale su correcto funcionamiento.

Lo grave de este asunto es que la Dirección de Vialidad del Estado avala y protege a los propietarios de esas firmas.

No cabe duda que alguien en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) está haciendo jugosos negocios no solamente al permitir que esas 5 empresas monopolicen el servicio de grúas, sino que avalan todo tipo de abusos que van desde cobrar tarifas exorbitantes, utilizar vehículos no aptos para el arrastre de automotores y emplear corralones que no ofrecen protección jurídica a los ciudadanos que se van obligados a ocupar un espacio en dichos lotes.

Hasta ahora se ignora si el beneficiario de ese círculo vicioso es Jesús Morales Rodríguez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, o su subalterno Alejandro Ulloa Ramírez, director de Vialidad y uno de los líderes de “la hermandad”, que es una mafia dedicada a proteger a agentes corruptos del área de tránsito. O si los beneficios económicos se quedan entre los funcionarios de nivel medio. Lo cierto es que alguien ahí gana mucho dinero por la protección que se da a las compañías ilegales de grúas.

Ese negocio irregular se da de la siguiente manera:

Unos 350 mil vehículos circulan todos los días por el Periférico, la Recta Cholula–Puebla, Forjadores y la Vía Atlixcáyotl. En esas vialidades solamente se les permite operar a estas empresas:

Grúas Unión, Cielo, Sánchez. El Valle y Juanito, que curiosamente, aunque son de propietarios diferentes, tienen a un mismo representante o intermediario ante la Secretaría de Seguridad Pública, en la persona de Gerardo Cielo Jiménez.

Las empresas no cuentan con concesiones estatales ni permisos federales. Por tanto, la SSP tendría que retirarlas de circulación, como mínimo, ya que sus anomalías no solo terminan en que no cuentan con las autorizaciones oficiales, sino que también tienen los siguientes vicios:

La mayoría de las grúas carece de permisos y placas de circulación. Algunas tienen placas de Veracruz o Tlaxcala. O portan placas de autos privados, no de vehículos destinados al arrastre de automotores.

El mayor abuso es que usan corralones, todos ubicados en San Pedro Cholula, que no cuentan con permisos, con medidas de seguridad mínimas y con el espacio suficiente para dar cabida a los vehículos que ahí llegan. Nadie evita que en esos sitios los autos sufran robos de gasolina, de autopartes, de objetos personales o que incluso ahí se encierren automóviles robados.

De los corralones que utilizan estas empresas solamente uno, que se ubica en San Agustín Calvario, tiene 5 mil metros cuadrados y está bardeado. Los otros tres, que están en Tepontla y San Sebastián Tepalcatepec, apenas miden mil metros cuadrados y no tienen cerca. Es decir no se da certeza jurídica de protección a los usuarios y la autoridad se hace la ciega ante ello.

Ahí no termina todo: estas grúas, que en su mayoría están destartaladas y no cuentan con tecnología de punta, cobras entre 2 y 3 mil pesos por arrastre de un auto compacto, más 6 mil pesos si hay que hacer maniobras especiales. Por automotores pesados los servicios son de 10 mil pesos por viaje. Y en los corralones se cobra el piso 150 pesos por día.

En resumen, Jesús Morales Rodríguez no solo es un incompetente para controlar la ola delictiva que azota al estado, sino también protege a empresas ilegales de grúas.


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