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2 de junio de 2017

Nada impide que en 2018 los huachicoleros se conviertan en los grandes electores




■ CUITLATLÁN.Por Fermín Alejandro García.

En Jalisco ayer se aprobó que se reduzca el financiamiento público a los partidos políticos, sobre todo en años sin comicios , lo cual se considera un paso importante al mejoramiento de la democracia. Sin embargo, ese no parece ser el principal problema a combatir en lo que se refiere al uso del dinero en campañas electorales, sino que el asunto toral tendría que ser cómo evitar que los miembros del crimen organizado, y en particular en Puebla los huachicoleros, se conviertan en los grandes electores, al utilizar su poder económico y de intimidación para hacer perder o ganar a ciertos candidatos o partidos político.

No es un asunto nuevo, pues se especula que en 2010 los capos del huachicol se estrenaron como financiadores de campañas electorales en Puebla, siendo ese el motivo por el cual algunos de ellos tuvieron un largo periodo de seis años para expander su actividad delictiva sin preocuparse por la intervención de corporaciones policíacas federales, estatales o municipales.

Se dice que en 2013 no solamente apareció en las campañas electorales dinero con olor a gasolina y diesel robados, sino que varios huachicoleros se decidieron a participar directamente en política y lograron ser postulados como candidatos, principalmente en los municipios del llamado “triangulo rojo”.

Tal situación plantea analizar el siguiente cuestionamiento: ¿La reducción del financiamiento público a los partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular no abre la puerta al dinero sucio?

Lo cierto es que hasta ahora en la lucha contra el huachicol no se está toma en cuenta este aspecto. No existe ningún proyecto, propuesta, intención de buscar mecanismos para evitar que las bandas dedicadas al robo, distribución y comercialización de hidrocarburos robados metan las narices en las próximas elecciones locales y federales, que para el caso de Puebla se van a celebrar al mismo tiempo en el año 2018.

Más allá del discurso vacío de los dirigentes partidistas que siempre se comprometen a revisar que los criminales no se infiltren como candidatos, lo cierto es que no existe ninguna instancia en los órganos electorales, en las instituciones de procuración de justicia, en las fuerzas políticas y en otros organismos públicos y privados, que estén dedicados a evitar que el dinero mal habido se use en campañas y que los candidatos a puestos de elección popular les otorguen financiamiento con dinero ilícito, además de que algunos aspirantes sean parte o representen los intereses de organizaciones delictivas.

Una parte fundamental de la lucha contra el narcotráfico en Colombia y que frenó la expansión de los cárteles, es que no solamente las autoridades se dedicaron a perseguir a capos y sicarios, a fabricantes de enervantes y vendedores de drogas, o a quienes lavaban el dinero sucio, sino que se extendió a investigar y encarcelar a docenas de legisladores que fueron financiados por las mafias en su campañas electorales.

Si en México la lucha contra el crimen organizado tuviera la misma ruta que en Colombia, seguramente habría una lista muy larga de regidores, alcaldes, legisladores locales y federales, así como varios gobernadores, que estarían en la cárcel.

Aquí en Puebla nada garantiza que en 2018 los huachicoleros en importantes regiones del estado se conviertan en los grandes electores.
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