Tras 25 años de juicio, se destraba la sucesión testamentaria de Reyes Huerta
Por Fermín Alejandro García
Hace unos 15 días se acaba de resolver un juicio que ha sido histórico en Puebla por dos razones: la primera por su larga y cansada duración, ya que tuvieron que pasar 25 años para que surgiera un fallo definitivo; y dos, porque implica a una de las principales familias de la capital, ya que se trata de la sucesión testamentaria entre los 10 hijos del exitoso empresario Reyes Huerta.
El Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en la ciudad de Puebla, destituyó al anterior albacea de la fortuna que heredó Reyes Huerta y se ha nombrado un nuevo custodio, que es neutral y buscará repartir los bienes de acuerdo a nuevos criterios.
Quien salió beneficiado con el fallo es el empresario taurino Juan Huerta Ortega, quien derrotó jurídicamente al también hombre de negocios Reyes Huerta Ortega y otros miembros de la misma familia.
Lo interesante es que este asunto no ha concluido, pues ahora lo que procede es que el empresario Reyes Huerta y otros hermanos rindan cuentas del manejo que dieron a una larga lista de bienes, que incluye ranchos, empresas y varias propiedades inmobiliarias.
Derivado de la revisión, que ya se está haciendo, del manejo que en los últimos años se hizo de los bienes en disputa, se sabe que habrá consecuencias penales para quienes pudieron dar un mal uso a la fortuna familiar.
Incluso trascendió que ya se están elaborando las primeras denuncias penales, al existir elementos que hacen suponer que existió una administración y beneficio abusivos de los bienes en disputa.
Un factor que resultó decisivo para que Juan Huerta pudiera destrabar el litigio que llevaba más de dos décadas es que el año pasado incorporó como su defensor al jurista Carlos Meza Viveros, quien fuera secretario de Gobernación de Puebla.
Meza Viveros actualmente se encuentra involucrado en el juicio de amparo más importante que se ventila en el país, que es el que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ex gobernador de Puebla y actual senador de la República, Manuel Bartlett Díaz, en contra de la reforma energética que promovió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El caso de la sucesión testamentaria de la familia del empresario Reyes Huerta ha empezado a encontrar una definición, y al mismo tiempo habrá nuevos procesos legales que tienen angustiados a muchos hombres de negocios de la capital.
Un fiasco, la licitación de
los nuevos verificentros
Tal vez ya resulte cansado para quienes leen esta columna que por enésima vez se vuelva a abordar el tema de los verificentros, pero la definición que tuvo el proceso de reasignación de las concesiones de los centros de verificación vehicular no se puede pasar por alto, al resultar un auténtico fiasco o de plano un robo en descampado.
Los anteriores prestadores de esta servicio tal vez tenían fallas, pero en general se mantuvieron casi siempre en la raya de lo que marcan las normas que regulan dicha actividad, razón por la cual en los últimos años brotaron escasas quejas contra las 85 estaciones de control de emisiones contaminantes en los automotores.
Tal como se documentó con anterioridad, en realidad se les pudieron quitar las concesiones a los anteriores prestadores del servicio por una serie de anomalías que generó la propia Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), ya que sin motivo alguno no les otorgó los refrendos anuales de las licencias de funcionamiento.
En el discurso oficial del gobierno primero se acusó a los verificadores de cometer faltas administrativas, luego de ofrecer servicios deficientes, posteriormente de ser corruptos y por último, de que no modernizaron sus equipos.
Dicho de otra manera, casi se dijo que eran lo peor que había en el estado.
Todo ello sin que Mario Rincón, el titular de la SDRSOT, pudiera demostrar todas esas acusaciones.
Frente a estos hechos, lo mínimo que podía hacer el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas era realmente ofrecer una mejora y modernización de los verificentros. No fue así: de las 17 empresas que ganaron la licitación para hacerse cargo del mismo número de estaciones, nueve ya han sufrido severas sanciones en la capital del país por su deficiente desempeño.
El 20 de agosto de 2013 el gobierno del Distrito Federal sancionó a esas empresas bajo el siguiente criterio:
“Como resultado del incumplimiento en sus responsabilidades de detectar fallas en la emisión de contaminantes de vehículos que revisan, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental (DEVA) determinó desconectar 10 Centros de Verificación Vehicular (Verificentros), que a la fecha no han cumplido con la circular 105/2012 del 4 de septiembre de 2012, emitida por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, mediante la cual se ven obligados a brindar la conexión necesaria para el monitoreo y vigilancia remota de sus operaciones”.
Con ese antecedente solo queda recomendar: cuide su cartera cuando vaya a los nuevos verificentros.
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